A pocos días del inicio del nuevo juicio oral en el Tribunal Penal 1, los abogados defensores de un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija cuando tenía cinco años intentaron suspender el proceso judicial alegando que fueron padres hace 23 días y que su beba permanece internada en incubadora.
El planteo fue presentado por los letrados Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga, quienes acompañaron un certificado médico que acredita que su hija, nacida el 28 de enero, continúa bajo cuidados en el servicio de neonatología de una clínica privada de la ciudad de Posadas. Según indicaron, la situación les impediría asistir a las audiencias del debate oral previstas para la próxima semana.
Sin embargo, el fiscal Vladimir Glinka rechazó de manera inmediata la solicitud al considerar que no se condice con la conducta procesal previa de la defensa. Señaló que, pese al nacimiento de la beba, los abogados realizaron múltiples presentaciones judiciales entre el 1 y el 9 de febrero, entre ellas una excepción de cosa juzgada, una recusación contra un juez del tribunal y un recurso de revocatoria.
El fiscal cuestionó además el momento en que fue presentado el certificado médico, ya que —según explicó— la defensa lo tenía en su poder desde el 11 de febrero y recién lo incorporó al expediente el día 18, cuando ya se encontraban notificadas las partes, testigos y peritos. “La demora resulta difícil de explicar desde la óptica de la buena fe procesal”, sostuvo en su dictamen.
Ante la recusación de uno de los magistrados, el tribunal quedó integrado por jueces subrogantes, quienes finalmente resolvieron rechazar el pedido de suspensión del juicio. Fuentes judiciales indicaron que el debate se iniciaría el próximo lunes a las 8.30 y se extendería hasta el martes 3 de marzo.
Un proceso que vuelve a juicio
El caso se remonta a un expediente iniciado en 2013 por abuso sexual agravado. En octubre de 2022, el acusado había sido absuelto por el Tribunal Penal 1 bajo el principio de “in dubio pro reo”. No obstante, la sentencia fue anulada posteriormente por el Superior Tribunal de Justicia, que ordenó la realización de un nuevo juicio oral.
En agosto de 2024, los ministros del máximo tribunal provincial resolvieron por unanimidad revocar la absolución al considerar que la hipótesis defensiva no contaba con sustento científico suficiente. En su voto, la ministra Cristina Irene Leiva sostuvo que los dichos y dibujos de la niña no podían ser desestimados como una fantasía sin respaldo probatorio, y remarcó que profesionales intervinientes concluyeron que la menor no fabula ni inventa los hechos denunciados.
De esta manera, el proceso judicial se encamina nuevamente a un debate oral, en el que se analizarán las pruebas para determinar la responsabilidad penal del imputado.
