Martín Pullaro, hermano del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue víctima de un asalto en su domicilio ubicado en un barrio cerrado de Piñero, localidad situada a 15 kilómetros de Rosario. El ataque ocurrió el sábado por la noche, cuando al menos tres personas irrumpieron en la vivienda mientras el dueño salía a verificar el medidor de luz tras un corte de energía.

Durante el robo, dos de los intrusos maniataron tanto a Pullaro como a su esposa, mientras un tercero se mantenía en vigilancia en el ingreso. Los asaltantes recorrieron la casa y sustrajeron dinero en efectivo, teléfonos celulares y la grabadora que almacenaba las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio. Una de las líneas investigativas considera que el corte de luz pudo haber sido provocado de manera deliberada para facilitar el accionar delictivo.

Las víctimas lograron liberarse por sus propios medios cerca de las 22 y dieron aviso a la policía. Las primeras pericias indican que los delincuentes habrían forzado un sector del cerco perimetral para acceder al predio. También se investiga la participación de una cuarta persona, presuntamente apostada como campana en las inmediaciones.

Con la denuncia ya radicada, efectivos policiales iniciaron el análisis de las cámaras de seguridad de la zona en busca de identificar a los responsables. Según indicaron fuentes consultadas por los medios nacionales, el ataque habría sido “al voleo” y las víctimas no resultaron lesionadas físicamente.

El hecho ocurre en un contexto sensible para la familia del gobernador. En enero, semanas después de asumir su mandato, Maximiliano Pullaro resolvió trasladar a su familia fuera de Rosario a raíz de amenazas que recibió tras anunciar medidas de seguridad más estrictas. “Lo lamento por lo que hago pasar a mi familia, pero yo voy a seguir adelante”, expresó en ese momento.

Desde entonces, el mandatario ha sido blanco de intimidaciones por parte de internos vinculados al narcotráfico, en medio del endurecimiento de las condiciones carcelarias en la provincia, con el objetivo de evitar que los delitos sigan siendo organizados desde las prisiones.