La causa que se inició con un reporte de Google y derivó en la detención de un hombre de 30 años por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI) en Puerto Libertad, quedó cerrada esta semana tras una resolución judicial que declaró al acusado inimputable por razones psiquiátricas.

Milton Maximiliano Agüero, nacido en Posadas, había sido detenido el pasado 12 de mayo tras una investigación iniciada por la Fiscalía de Ciberdelitos, a cargo del fiscal Juan Pablo Espeche. Todo comenzó cuando la empresa Google alertó sobre maniobras sospechosas desde una IP domiciliada en la zona oeste de Posadas, desde donde se accedía y compartía material de contenido pedófilo. Las pistas llevaron a tres cuentas digitales vinculadas a una misma conexión, lo que motivó el seguimiento del principal sospechoso.

Aunque inicialmente residía en Posadas, Agüero se había mudado a un inquilinato en Puerto Libertad. Fue allí donde efectivos de la Dirección Cibercrimen lo detuvieron durante un allanamiento, en el cual también secuestraron un iPhone supuestamente utilizado para acceder y distribuir el material ilegal.

La detención generó fuerte repercusión en la zona, no solo por la gravedad del delito sino también por tratarse de una causa sobre distribución digital de MASI, con origen en alertas internacionales.

Sin embargo, el rumbo judicial dio un giro inesperado. Este martes 27 de mayo, el Juzgado de Instrucción N° 7 de Posadas, a cargo del Dr. Miguel Mattos, resolvió dictar el sobreseimiento total y definitivo de Agüero, luego de que peritos médicos concluyeran que el imputado no comprendía la criminalidad de sus actos ni podía dirigir sus acciones al momento de los hechos.

La resolución —basada en el artículo 34, inciso 1° del Código Penal de la Nación— declaró su inimputabilidad penal, lo que impide legalmente avanzar con el proceso en su contra. Además, el magistrado ordenó su internación en la Unidad de Salud para Inimputables (USI) del Servicio Penitenciario Provincial, en razón de indicadores de peligrosidad señalados por el equipo psiquiátrico interdisciplinario.

La medida contempla un seguimiento médico integral con informes periódicos sobre su estado clínico, evolución del tratamiento farmacológico, juicio crítico y su eventual reinserción o continuidad en el sistema de salud mental especializado.

Desde el entorno judicial aclararon que la inimputabilidad no implica negación del hecho, sino que el acusado no puede ser juzgado por la vía penal en función de su estado mental. La investigación técnica continuará bajo custodia del fuero civil y el área de salud mental.

El caso reabre el debate sobre el abordaje judicial en delitos informáticos sensibles, como la pedofilia digital, y plantea el desafío de equilibrar las garantías procesales con la necesidad de justicia para las víctimas.