El Gobierno nacional sostiene que Pablo Otero, conocido como “El Señor del Tabaco” y propietario de Tabacalera Sarandí, mantiene una deuda con el Estado por más de $419.000 millones, correspondiente al impuesto mínimo al tabaco que, según las autoridades, nunca abonó desde su implementación en 2018. La cifra, según cálculos oficiales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA), incluye $305.239.257.693 de capital adeudado y $114.159.000.000 en intereses resarcitorios acumulados hasta diciembre de 2023.

La empresa argumenta que dicho impuesto es inconstitucional y que, por ello, no corresponde su pago. En ese sentido, la firma se amparó en medidas cautelares que le permitieron no abonar el gravamen, mientras se aguarda una resolución de la Corte Suprema de Justicia. En el Gobierno consideran que la falta de pago favoreció el crecimiento de la participación de Tabacalera Sarandí en el mercado: del 5% al 30% en los últimos años. La empresa, por su parte, respondió a través de un comunicado que “no hay deuda hasta que no haya una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia que diga lo contrario” y que desde la aprobación de la Ley Bases, “todos pagan los mismos impuestos”.

Paralelamente, ARCA prepara una nueva denuncia contra Otero, luego de que el fiscal federal Eduardo Taiano desestimara una acusación previa del organismo por presuntas maniobras de lavado de dinero a través de 23 mayoristas que operaron con la tabacalera entre 2021 y 2023. Según el organismo estatal, estas distribuidoras abonaron en ese período un total de $33.632.240.575, pero presentaban un perfil fiscal irregular, sin solvencia económica, ni acreditaciones bancarias, lo que motivó la sospecha sobre el origen de los fondos.

Entre las irregularidades señaladas, ARCA detectó que los mayoristas emitían facturas tipo B a consumidores no identificados, no registraban rentabilidad significativa y realizaban operaciones en efectivo, dificultando la trazabilidad del dinero. También se sostiene que Pablo Otero podría ser el dueño encubierto de estas firmas. Tabacalera Sarandí negó cualquier tipo de irregularidad y aseguró que la denuncia “no tenía hechos determinados” ni cuestionaba la materialidad de las ventas realizadas. Además, sostuvo que operar en efectivo “es una práctica habitual en la industria del tabaco”.