La jueza de Instrucción N° 1 de Eldorado, María Laura Rodríguez, rechazó en las ultimas horas el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Miguel B., único detenido e imputado por encubrimiento en el caso del asesinato del cabo primero de la Policía de Misiones, Mauricio Miñarro. El imputado, señalado como “entregador” por un testigo encubierto, negó las acusaciones en su contra durante la audiencia.

El cuerpo de Miñarro, de 30 años, fue hallado en la madrugada del lunes 30 de diciembre en el destacamento especial ubicado en el Aeroclub de Eldorado, un sitio estratégico y de acceso restringido donde operaba la División de Infantería de la Unidad Regional III. El cabo primero presentaba impactos de bala en el pecho y el brazo, y las pericias iniciales indican que habría sido atacado con una pistola calibre 9 milímetros, arma de uso reglamentario.

Tras el hallazgo del cadáver, un inventario en la dependencia reveló el faltante de nueve armas de fuego, incluidas pistolas, escopetas y ametralladoras, aunque los investigadores descartan un robo comando debido a la falta de signos de ingreso forzado o movimiento sospechoso en el lugar.

La justicia avanza en diversas líneas investigativas, incluyendo la posible implicancia de personal policial en el crimen. Dos efectivos que debían estar de guardia con Miñarro son objeto de investigación interna: uno no estaba en el destacamento al momento del hecho, y el otro realizaba tareas adicionales en otra ubicación.

La investigación también apunta a irregularidades en los registros del armamento de la dependencia, lo que podría haber facilitado las circunstancias del homicidio y el posterior faltante de armas. Además, se analizan las cámaras de seguridad de la zona, se toman declaraciones testimoniales y se revisan documentos oficiales.

Por otro lado, la Jefatura de Policía apartó del cargo al subcomisario Ricardo Andrés Arrúa, jefe de la División de Infantería de la Unidad Regional III, mientras la Dirección de Asuntos Internos inició un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades en la custodia del armamento.