El Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), conformado por UDNAM, UTEM-CTA A, CTA A, Corriente Conti Santoro, Autoconvocados, Autoconvocados Asamblearios, Docencia y Vocación, y Marea Blanca, se reunió en asamblea provincial en la Plaza San Martín de Posadas. Allí, se declaró el estado de emergencia absoluta del sistema educativo provincial y se resolvió una agenda de medidas de lucha que movilizarán a la docencia en todo el territorio misionero.

Medidas de fuerza

Miércoles 30 de abril: marchas locales y zonales en toda la provincia. En Posadas, la concentración será a las 18:30 en la Plaza 9 de Julio.

Jueves 8 de mayo: paro provincial de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Desde las 9:30, concentración y marcha en la capital provincial.

Martes 13 de mayo: nuevo paro provincial y Asamblea Provincial en Jardín América, con horario y lugar a confirmar. El objetivo será construir un diagnóstico colectivo y definir nuevas medidas.

Mandato abierto: la asamblea faculta al FTEL a convocar nuevas jornadas de paro y movilización en las próximas semanas según evolucione el conflicto.

15 de octubre: Jornada Provincial de Lucha bajo la consigna “La protesta no es delito”, en rechazo a la judicialización y persecución de docentes que reclaman por condiciones dignas.

La asamblea denunció salarios adeudados desde octubre de 2023, falta de pago de suplementarias, precarización laboral, cierre de divisiones, traslados arbitrarios y bloqueo de suplencias. A esto se suma la ausencia total de respuesta política por parte del gobierno provincial, que “criminaliza la protesta y vulnera derechos fundamentales”.

Desde el FTEL exigen un salario justo y al día, designaciones sin demoras y presupuesto acorde para la educación pública. “¿Cómo sostener la enseñanza pública sin presupuesto ni respeto por quien la sostiene?”, interpelaron desde el espacio.

La Asamblea Provincial convoca a fortalecer la unidad docente y el activismo en cada escuela. El lunes 29 se lanzará una campaña de visibilización contra la criminalización de la protesta y en solidaridad con los docentes perseguidos Mónica Gurina y Leandro Sánchez.

Además, se promoverá la elaboración de materiales gráficos, difusión en redes y medios alternativos, y se exigirá que se investigue el “despilfarro político que pisa los salarios docentes”.