El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció un paro nacional y movilización para el próximo miércoles 7 de agosto en reclamo de mejores salarios y para denunciar el “ajuste presupuestario”.
“Comienza la segunda etapa de resistencia contra el gobierno nacional. Los estatales decidimos volver a salir a la calle en esta fecha, el Día de San Cayetano, para reclamar por las dos cosas que nos está quitando el presidente Javier Milei: el pan y el trabajo. El recorte en los salarios, las cesantías masivas y el ajuste presupuestario se están traduciendo en un deterioro sensible de todos los servicios públicos”, informó Aguiar en sus redes sociales.
Además, denunció que “el proceso de empobrecimiento de los asalariados y los jubilados se viene acelerando y la única manera que tenemos de frenarlo es multiplicando las protestas en todo el país. Esta medida de alcance nacional tiene que servir para romper la tensa calma que parece haber surgido luego de la aprobación de la Ley Bases y mostrar desde el movimiento obrero, que estamos realizando los esfuerzos necesarios para lograr los mayores niveles de unidad”.
“El Gobierno continúa atacando a las y los trabajadores estatales en particular y al conjunto de la sociedad en general, aplicando un ajuste brutal con despidos masivos, cierres de organismos púbicos, eliminación de políticas públicas, pulverizando salarios y jubilaciones. Coincidentemente, la represión, detenciones ilegales y la judicialización de la protesta social nos hacen recordar a las épocas más oscuras de nuestro país, se violan derechos civiles y sociales esenciales y se cercena la libertad de prensa y expresión”, agregaron en un comunicado del Consejo Directivo.
En ese sentido, adelantaron que “los estatales saldremos nuevamente a las calles y plazas del país para reclamar por: la urgente reincorporación de todas las y los cesanteados; el cese inmediato de los despidos, del cierre de organismos y de la eliminación de las políticas públicas; la regularización de todos los vínculos contractuales y pase a Planta Permanente de todas las y los trabajadores; el rechazo a cualquier privatización de empresas públicas; la defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los trabajadores jubilados; la anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones y la anulación del DNU 70/23″.