La Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos fue aprobada en sesión legislativa luego de que la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones de la Cámara emitiera un dictamen favorable que unificó las diferentes iniciativas presentadas por los legisladores Carlos Rovira, Rafael Pereyra Pigerl, José Pastori y Lilia Torres.
Si bien su sede estará en la capital misionera, su competencia abarcará todo el territorio de la provincia, abordando delitos como la trata de personas y el narcotráfico, entre otros.
La fiscalía se encargará de investigar y perseguir delitos cometidos a través de medios informáticos, y de garantizar una respuesta rápida y efectiva ante situaciones críticas.
Además, se enfocará en la prevención mediante el análisis de tendencias emergentes en ciberdelincuencia y el desarrollo de programas de concienciación para la comunidad.
La nueva fiscalía trabajará en conjunto con fuerzas de seguridad, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, lo que permitirá un abordaje integral y coordinado ante la ciberdelincuencia. Esta sinergia es fundamental para maximizar recursos y eficacia en la detección y prevención de delitos digitales.
El proyecto contempla, además, la creación de un programa de apoyo para las víctimas de ciberdelitos, que buscará no solo ofrecer asistencia legal, sino también facilitar la recuperación de activos y datos robados.
En los fundamentos de su proyecto, Rovira se refirió a “la necesidad urgente de enfrentar los crecientes desafíos que plantea la ciberdelincuencia en un mundo altamente mediatizado por la tecnología”.
“La fiscalía creada no solo protegerá a los ciudadanos, sino que también fortalecerá la infraestructura de seguridad digital de la provincia, creando un entorno más seguro y confiable para todos”, expresó.
Por su parte, Pereyra Pigerl aseguró que “la ley sancionada proporciona normas sobre la ciberdelincuencia en lo que hace al aspecto procesal, recogidas en las legislaciones modernas”.
Para Pastori, “el avance constante de las nuevas tecnologías plantea nuevos desafíos y amenazas, particularmente en el ámbito de la delincuencia, donde el crecimiento de Internet ha ampliado las oportunidades para cometer delitos”.
Torres consideró que “es fundamental que las normativas y estructuras judiciales se alineen con las innovaciones tecnológicas para garantizar que el sistema de justicia pueda investigar eficazmente, prevenir delitos, proteger a las víctimas y colaborar con organismos nacionales e internacionales”.
En el recinto, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Anazul Centeno, dijo que «esta Fiscalía va a tener competencia material para llevar a cabo la investigación de ciberdelitos, que sabemos que son aquellos cometidos dentro del mundo cibernético o que tienen como principal medio comisivo, es decir, para arribar a la comisión del delito, la utilización de medios informáticos, telemáticos o cualquier tipo de dispositivo electrónico, tanto para su planificación, su realización, ocultamiento y encubrimiento».
«Algo que también ha suscitado debate en nuestra comisión y me parece importante mencionar es que se establece a través de este dictamen que cuando la ejecución de estos delitos y de otros delitos como la trata de personas, sustracción de menores, pornografía infantil, pedofilia, entre otros, sean cometidos en distintas jurisdicciones de nuestra provincia, esta Fiscalía va a interceder para tomar medidas preventivas e inmediatas, no solamente en virtud de su especificidad, sino en virtud de su cercanía con la única finalidad de garantizar el resguardo efectivo e integral de las personas que son víctimas, así como también de los medios de prueba, y obviamente esto lo hará en el marco de un trabajo colaborativo con el fuero competente», agregó la legisladora.
Centeno explicó que «quienes intervienen inmediatamente ante la toma de conocimiento de la comisión de un delito son los organismos provinciales: la Policía de la provincia, los juzgados y las fiscalías de instrucción, y en caso de corresponder la competencia federal, es esa competencia la que continúa con el curso de la investigación luego de tomadas estas medidas preventivas pertinentes. Lo que hacemos entonces aquí es darle un marco jurídico de actuación a un fiscal para que asegure las garantías constitucionales de las personas».
«Estamos avanzando en herramientas clave, que son las procesales, los mecanismos idóneos para perseguir estos delitos. Es una iniciativa que viene a sistematizar un procedimiento que hoy existe, que se utiliza, que es parte de los procesos penales. De hecho, todo lo que se prescribe en este dictamen, literalmente, hoy le está permitido al juez por el principio de libertad probatoria. Lo que haremos ahora es darle un marco legal, jurídico», manifestó.
Sandra Ozuna, de la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones, señaló que «es un hecho trascendental, es algo que va a impulsar y va a facilitar nuestra tarea. La inserción de las nuevas tecnologías a nuestra vida llegó para quedarse; tenemos que convivir y aprender a protegernos justamente de los ciberdelincuentes que están al acecho constantemente».
Agregó que hay que tener siempre presente que «el ciberdelito va mutando y se va adaptando, sin lugar a dudas, justamente el ciberdelincuente está constantemente buscando nuevas oportunidades, nuevas estrategias, y nuevos métodos de engaños para llegar a sus víctimas».