La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció penalmente al presidente Javier Milei y a «todos los involucrados» en la redacción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por los delitos de abuso y usurpación de autoridad, y de «traición a la Patria».
«La ley penal vigente en nuestro país castiga a todo funcionario que dicte una resolución contraria a la Constitución y las leyes», comunicó el titular de la asociación, Rodolfo Aguiar, a través de la red social X (ex Twitter), al tiempo que enmarcó la conducta del mandatario y sus ministros y ministras «en este accionar».
Según informaron fuentes judiciales a Télam, la denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2 a cargo de Sebastián Ramos. En este sentido, el Secretario General, sostuvo la denuncia en artículos del Código Penal que tipifican dichos delitos.
«Por más que se trate del Presidente, no puede arrogarse facultades extraordinarias o pretender la suma del poder público. Eso también está penado en el artículo 248 del Código Penal. No sólo estamos frente a un caso de abuso de la autoridad, sino que además el #Ejecutivo pretende arrogarse facultades propias de los otros poderes. Por eso el delito también podría ser tipificado como una usurpación de título (art. 243, inc. 3, del C.P.)», detalló.
Aguiar explicó que desde ATE «hemos decidido hacer esta presentación», tras realizar un «un estudio pormenorizado con todos nuestros asesores jurídicos», convencidos de «que las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo que están afectando a toda la ciudadanía son ilegales».
«Las conductas que se han llevado adelante desde el poder Ejecutivo se encuentran claramente tipificadas en el Código Penal que sanciona con un mes a dos años de prisión e inhabilitación a todo funcionario público que dicte resoluciones o dé ordenes contrarias a la Constitución Nacional o leyes nacionales o provinciales», explicó Aguiar en declaraciones a Radio 10, complementando su comunicado.