El Gobierno argentino y representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron este lunes continuar con la revisión de los datos económicos y sus proyecciones con el fin de llevar adelante el programa de crediticio por US$ 44.000 millones acordado entre las partes.
Así lo informaron fuentes oficiales del Palacio de Hacienda luego de una reunión mantenida este lunes por la tarde en la Casa Rosada, de la que participaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Por el organismo multilateral estuvieron el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu; la Jefe de la Misión, Ashvin Ahuja; y el representante del FMI en la Argentina, Ben Kelmanson.
“La reunión fue positiva, los equipos técnicos seguirán trabajando en los próximos días con la intención de emitir un comunicado en conjunto con las conclusiones de la visita”, dijo una fuente oficial al término del encuentro realizado en Casa de Gobierno, que se extendió por espacio de una hora y media.
Desde el viernes pasado, cuando arribó al país, la delegación del FMI mantuvo reuniones con técnicos del Banco Central y del Ministerio de Economía para analizar las cuentas.
Antes del encuentro, que comenzó alrededor de las 15 y que se llevó a caco en el Salón Eva Perón, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó que el Gobierno busca «reflotar el acuerdo caído» con el FMI a partir del «incumplimiento sistemático de metas que ha tenido el país» con ese organismo.
«Todo lo que estamos haciendo está en línea con que con creces van a ser satisfechas esas nuevas metas que se impongan, porque el plan que estamos llevando adelante es de un orden en las cuentas y varios aspectos de la economía y no debería haber ningún tipo de inconveniente», ahondó el vocero presidencial.
La misión técnica del Fondo arrancó el viernes con reuniones formales con funcionarios técnicos del gobierno de Javier Milei, con el objetivo de dar comienzo a la revisión del acuerdo vigente que está «virtualmente caído» y cuyos desembolsos previstos se encuentran frenados desde noviembre de 2023.
También se espera, como suele hacer en ese tipo de visitas, que el FMI se reúna con representantes de la oposición, de los trabajadores, del sector empresario y con analistas del mercado.
El Fondo, que en los hechos viene dialogando informalmente con distintos sectores, se mostró muy interesado en el apoyo político con el que puede contar el Gobierno para llevar adelante su plan económico.
Días antes del cambio de Gobierno, la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, dijo que «es necesario un plan de estabilización fuerte, creíble y apoyado políticamente para encarar de forma duradera los desbalances macroeconómicos y los desafíos estructurales de Argentina, y a la vez protegiendo a los más vulnerables».
El martes pasado, ante una consulta de Télam, voceros del FMI señalaron que el objetivo del equipo técnico que visita el país será «continuar las negociaciones sobre la séptima revisión del programa apoyado por el FMI«.
«Nuestro objetivo sigue siendo apoyar los esfuerzos en curso para restablecer la estabilidad macroeconómica en beneficio de Argentina y su gente», agregaron las fuentes.
En rigor, los vencimientos con el Fondo para 2024 suman alrededor de US$ 7.700 millones.
En base al cronograma de compromisos existentes, este martes -9 de enero- se debe cubrir un vencimiento de US$ 1.300 millones, y el próximo 16 otro por US$ 650 millones.
Desde el FMI señalaron que el Gobierno ya comunicó la decisión de afrontar estos compromisos a fines del corriente mes.
En este contexto, un gesto del gobierno fue que autorizó la semana pasada la emisión de Letras del Banco Central por US$ 3.200 millones a diez años de plazo, ante la proximidad de los vencimientos de los compromisos de deuda.
La medida -dispueta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 23/202- apunta además a grantizar «la continuidad del normal funcionamiento del Estado nacional», según los considerandos de la norma.
Días antes, el Gobierno avanzó con la publicación del DNU 70/2023 de desregulación económica que el que se declara «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″, y que establece una profunda reforma del Estado en distintas áreas, que comenzó a regir a las 0 horas del viernes 29 de diciembre de 2023.
Hasta ahora cuenta con una medida cautelar de la justicia, que dio un lugar a las asociaciones de los trabajadores, y que frena su aplicación plena, precisamente en el plano de la reforma laboral.
Este DNU fue enviado también el Congreso, como parte de un proyecto de Ley Ómnibus junto con un paquete de medidas adicionales complementarias.