El gobierno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), comenzó a auditar las 400.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral otorgadas a beneficiarios de la provincia de Buenos Aires y 27.000 en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una investigación oficial reveló que solo el 7% cumplían con los requisitos establecidos. En ese marco, el portavoz presidencial Manuel Adorni denunció el desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas por USD 3.400 millones.
Según el informe, en 150 expedientes se utilizó la misma radiografía de hombro para justificar diagnóstico clínico. En otros, la descripción médica eran errónea. El gobierno sospecha que de las 1.250.00 pensiones, 500.000 podrían ser mal otorgadas.
“Con estas auditorías, buscamos dar transparencia al sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral para que las mantengan y reciban quienes realmente lo necesiten y estén avalados por la ley”, puntualizó el director ejecutivo de la ANDIS, Dr. Diego Spagnuolo, a través de su cuenta de X.