Según explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la Agencia Nacional de Discapacidad auditó 3000 pensiones, de las cuales el 80% no deberían haberse dado; fuentes oficiales indicaron que el Ejecutivo estudia endurecer el acceso a este beneficio, así como iniciar acciones legales.
La administración de Javier Milei comenzó a auditar las pensiones no contributivas por invalidez, que, según cifras oficiales, reciben 1.215.548 personas. Un análisis de la Agencia Nacional por Discapacidad arrojó que sobre una muestra de 3000, el 80% no debería haber sido otorgada. Por este motivo, representantes del Ejecutivo confirmaron que contemplan judicializar este asunto, a la vez de endurecer el acceso a este beneficio. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, valoró esta situación como una “irresponsabilidad”.
La pensión no contributiva por invalidez es una asignación monetaria pagada por la Anses y su monto, tal como explicaron fuentes oficiales, equivale al 70% de una jubilación mínima. Es decir, $144.851,77. En el Gobierno calculan que si se le sumara el bono de $70.000, la prestación superaría los $200.000.
A mediados de marzo, tal como recordaron fuentes oficiales vinculadas al área de Discapacidad, comenzó la auditoría del más de millón de pensiones no contributivas por invalidez. “Empezamos a ver el número y llamaba la atención por lo alto”, detallaron. Según el Gobierno, hay 1.215.548 personas que perciben esta asignación y destacan el incremento de esta cifra durante determinados períodos.