La disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), una medida anunciada por Javier Milei en febrero de este año, en el inicio de su gestión, se concretó este martes con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 696/2024, que lleva la firma del Presidente.
El documento, que también cuenta con el aval del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, establece en su Artículo 1°: “Disuélvese el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia”.
A partir de este decreto, el Gobierno ordena también la “transferencia de la totalidad de los recursos materiales y financieros” del INADI a la cartera que conduce Cúneo Libarona.
Asimismo, informó que a partir de ahora será el Ministerio de Justicia el encargado de “elaborar y poner en ejecución las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”.
En los considerandos de la medida, el Gobierno mencionó que la prórroga sucesiva de la intervención del organismo, “por espacio de 12 años”, demuestra «el estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones» y «evidencia que el diseño organizacional adoptado no resulta idóneo para alcanzar los objetivos constitucionales en la materia”.
También indica que la actual gestión descubrió “graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos; e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia”.
Asegura, además, que “el Instituto no cuenta con registros fidedignos ni de sus actividades ni de ninguno de los pagos de haberes efectuados previo a diciembre de 2023, ni tampoco con procedimientos tendientes a garantizar las tareas de control y fiscalización en la utilización de los recursos” y que “se constató el sobredimensionamiento de la estructura funcional”.
En definitiva, el Gobierno consideró que “teniendo en cuenta el fracaso del instituto de la intervención para lograr la normalización del funcionamiento del referido ente, los graves inconvenientes detectados que dan cuenta no solamente de irregularidades en la gestión de los recursos sino, más grave aún, en el incumplimiento por parte del Instituto de sus funciones específicas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, así como razones de índole operativa de la Administración Pública Nacional, y la ineficiencia e ineficacia del INADI constituyen motivos suficientes para disolver con urgencia el precitado organismo”.
El INADI fue creado en 1995 por la ley 24.515 -por lo que debería anularse mediante la misma vía- y comenzó a funcionar en 1997. En el 2000 se ordenó por primera vez su intervención, a cargo Eugenio Zaffaroni -años después juez de la Corte Suprema-, y desde entonces se fueron prorrogando sucesivas intervenciones, muchas de ellas cuestionadas por su carácter «militante».