El Ministerio de Capital Humano reveló tras una auditoría que casi la mitad de los comedores y merenderos populares que recibían apoyo estatal eran «inexistentes», y en uno de ellos funcionaba en cambio un barrio privado.
La investigación llevada a cabo por el ministerio liderado por Sandra Pettovello reveló que de los más de 2.600 establecimientos, la mitad presentó irregularidades y no pudieron ser validados como comedores y merenderos, lo que evidenció, según el informe de esta cartera, un «descontrol» del Estado respecto a la entrega de alimentos.
A esta denuncia tras la auditoría, se adiciona otra por prácticas extorsivas y una serie de allanamientos dispuestos por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal a organizaciones sociales, entre ellas, del Polo Obrero. La agrupación de izquierda afirmó que la denuncia «está armada» y busca postular a las organizaciones, así como a los dirigentes «como un grupo de extorsionadores contra los compañeros».
«Las organizaciones no dan bajas de programas sociales, ni tampoco hay altas. Las decisiones en el Polo Obrero se toman en asambleas. Lo mismo vale para el control obrero de las conquistas e inclusive los recursos de la organizaciones. Hemos hecho de este método una bandera en la lucha contra los punteros del estado«, señalaron en un comunicado de prensa.
La denuncia alude a la política de Estado llevada a cabo por el gobierno de Alberto Fernández conocida como «Argentina contra el hambre», en el marco de la pandemia de Covid-19 para hacer frente a la crisis tras el parate económico.
Detalles de la auditoría
El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (ReNaCOM) se encargó de la auditoría, que fue realizada entre el 7 de febrero y el 26 de abril. Según el informe, se relevaron 2.646 establecimientos, de los cuales el 52,3% pudieron ser validados como comedores o merenderos, mientras el 47,7% restante no pudo ser evaluado adecuadamente.
De ese 47,7%, Capital Humano informó que un 32% de los comedores ya no estaban en funcionamiento, el 25% poseía discrepancias entre los datos de preinscripción y la realidad, y en casi un 16% de los domicilios, nunca funcionó un comedor o merendero.
“La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, y/o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”, señala la denuncia policial que consta de 12 fojas, a la que tuvo acceso Filo.news.
En ese sentido, la Subsecretaría Legal de Capital Humano, dirigida por Leila Daniela Gianni, una de las denunciantes, proporcionó una lista con nombres específicos de comedores «inexistentes».
Algunos ejemplos mencionados en la denuncia incluyen «Conquistando Sonrisas», «Pequeños Gigantes de Quilmes», «Cielos Abiertos», «Luz de Luna de Pereyra», «Esperanza», «Los Peques de San Alberto» y «Luz y Esperanza». Según el informe, estos comedores «no existían en los domicilios declarados».
Uno de los casos en el que Capital Humano hizo hincapié fue el comedor inscripto como «Gauchito Gil», que al ser investigado se determinó que «en su lugar en realidad hay un barrio privado». Situaciones similares se encontraron en otros comedores como «Sol de Barrio», cuya dirección no pudo ser verificada y los vecinos niegan haber visto operar un comedor allí.
El escrito legal, que consta de 14 fojas, resalta además que estas irregularidades ocurrieron durante la gestión de los programas sociales «Argentina contra el hambre», lanzados durante la pandemia del Covid-19.