Son impulsadas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich. El oficialismo pretende avanzar con las iniciativas hasta septiembre, cuando ingresará el Presupuesto 2025.
El Gobierno ya está preparando el segundo semestre en el Congreso, para avanzar con varios temas antes de la llegada del Presupuesto 2025, que se lo espera para el 15 de septiembre. En la agenda libertaria, se destacan los proyectos de desregulación estatal, de seguridad y de cambios electorales.
La llegada del ministro Federico Sturzenegger a la cartera de Desregulación y Transformación del Estado y la aceitada relación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el Congreso, marcarán el ritmo del oficialismo en ambas Cámaras legislativas.
Sturzenegger está finalizando la redacción de un megaproyecto –Ley Hojarasca– de análisis de cerca de 100 normas que, de acuerdo con la intención del oficialismo, serán derogadas con el objetivo de desregular la economía. Entre ellas, se encontraría la Ley 27.515, ley del Azúcar, que protege a la industria del sector. La derogación de esta norma ya fue presentada por el Ejecutivo cuando envió el primer proyecto de ley Bases, a comienzos de este año. La polémica que generó con los sectores productivos del noroeste del país motivó que se retirara ese punto.
También, en ese momento, se impulsó un cambio en la industria limonera por un aumento impositivo del 8% para la exportación de aceite de limón. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue un actor importante en el pasado verano.
Otra ley a derogarse sería la 25.542 de Precio uniforme de venta al público de libros, una ley que protege a las pequeñas y medianas librerías. También formó parte del primer proyecto de Ley Bases y los diputados la descartaron.
El flamante funcionario ya tuvo contacto con los legisladores del sector dialoguista: el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica. Todos esos encuentros fueron previos a su asunción. Para las próximas semanas lo esperan en el Congreso al ministro Sturzenegger y en las comisiones respectivas defendiendo su iniciativa.
Los diputados dialoguistas entienden que la llegada del proyecto de ley Hojarasca tendrá una doble misión: la de derogar normas que ya quedaron obsoletas y la de generar leyes pensando en la desregulación del Estado. “Las leyes obsoletas son para generar discurso porque al ser obsoletas no generan ningún impacto, como la ley que habla sobre las carreras de palomas. Pero detrás de eso vienen desregulaciones en sectores como el anunciado en el área aerocomercial”, señaló un diputado que integra una de esas bancadas.
Los legisladores esperan el ingreso del proyecto para los próximos días, pero la discusión sería después del receso de invierno, al que el Congreso ingresará a partir del próximo lunes, por espacio de dos semanas.
Las críticas al ministro Sturzenegger las centralizaron los diputados de UxP y del Frente de Izquierda. Nicolás del Caño expresó: “Milei sumó a su gobierno a otro personaje conocido de la casta. Fue funcionario de (Carlos) Menem, (Fernando) De La Rúa y (Mauricio) Macri. Responsable, junto a Domingo Cavallo, del fraude del Megacanje que multiplicó la deuda externa argentina. Bajo el macrismo, fue presidente del Banco Central, corresponsable junto a (Luis) Caputo de otro capítulo del endeudamiento que financió la fuga de capitales de los grades especuladores, la vuelta al FMI, y un plan económico que empeoró aún más las condiciones de vida del pueblo trabajador”.
Baja en la edad de imputabilidad
Entre las modificaciones de normas que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está impulsando en el Congreso, está la baja de la edad de imputabilidad de los menores. En junio, Bullrich, junto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció la presentación de la iniciativa. “Cumpliendo con el mandato del Presidente Javier Milei de terminar con la impunidad, enviamos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que establece un nuevo régimen penal para los adolescentes de entre 13 a 18 años que delincan”, señalaron Bullrich.
“La baja de imputabilidad es un asunto que gobierno tras gobierno, año tras año, las distintas fuerzas políticas han ido posponiendo y escondiendo. Esta gestión no tiene vocación de mentirles a los argentinos. Las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas”, agregó la ministra.
El radicalismo presentó sus propios proyectos, que entrarán en la discusión en las diferentes comisiones. Son dos iniciativas, una de la diputada Carla Carrizo y otra de Manuel Aguirre, que proponen un Régimen Penal para jóvenes de entre 14 y 18 años.
Ambos hablan de un tratamiento especial para penar a los menores de esa franja etaria, al mismo tiempo que establecen excepciones en las cuales no serán punibles, como los casos en que no reúnan las condiciones madurativas para comprender la criminalidad del acto.
La diputada Carrizo explicó: “Este proyecto de ley pone énfasis no solo en la respuesta y determinación de la responsabilidad penal de los y las adolescentes, sino también en la prevención de la delincuencia juvenil; establece la creación de unidades especializadas en penal juvenil dentro del sistema de administración de la justicia y manda a la capacitación y formación especializada de todos los profesionales y operadores que entren en contacto con adolescentes en conflicto con la ley penal”.
Mientras que el diputado Aguirre planteó: “Es el momento de sancionar un nuevo régimen, ya que este sistema viene de la última dictadura militar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó su derogación por violentar la letra de la Convención de los Derechos del Niño. Podemos decir, como en muchas otras leyes que quedaron del Proceso Militar, que esta sanción es una deuda de la Democracia y que tenemos que provocar el cambio legislativo y sancionar una ley acorde al Derecho Internacional y a las Convenciones que, como país soberano, hemos ratificado”.
Cambios en materia electoral
El capítulo denominado de Reforma Política fue quitado de la Ley Bases y también del Pacto de Mayo. Pero la intención del ministro Francos es proponer la derogación de la Ley PASO, Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, para discutirlo antes que finalice el presente periodo legislativo.
También buscará que el Senado avance con el proyecto de Boleta Única de Papel para votar en la próxima elección. En el radicalismo, el senador Maximiliano Abad sostuvo: “Es el momento de impulsar un nuevo tratamiento en la Cámara Alta, porque es hora de que las elecciones nacionales cuenten con mayores garantías de transparencia, universalidad, equidad, modernización y sostenibilidad ambiental”.
Además, Abad remarcó: “Propiciamos y promovemos un debate público amplio e informado, sin mezquindades, para alcanzar un consenso multipartidario para tratar y modificar una regla sustancial del proceso electoral nacional. Luego será el tiempo de hacer docencia para explicar y difundir este nuevo instrumento de votación garantizado por el Estado. Las experiencias de Mendoza, Santa Fe y Córdoba nos marcan un camino posible”.
La Libertad Avanza marcó su agenda, que además contempla el llamado a una sesión especial para el próximo 7 de agosto en la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem. Allí, entre otros proyectos proponen discutir: Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, tratado de extradición entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil y ley de Armas de fuego.