La Libertad Avanza cargó contra los gobernadores tras el fracaso legislativo para dar media sanción definitiva en Diputados a la ley ómnibus, que volverá a comisión, y los acusó de «extorsión». En un posteo en X, el oficialismo amenazó: «La traición se paga cara».
El Gobierno de Javier Milei sufrió un duro revés en el Congreso al tener que levantar la sesión en el que se discutía artículo por artículo la ley ómnibus, luego de que fueran rechazos puntos clave de la legislación. De esta manera, el mega proyecto del Poder Ejecutivo volverá a comisión. Es la primera vez en la historia de la Cámara que un texto aprobado en general vuelve a su instancia previa.
Previo al levantamiento de la sesión, el oficialismo votó convocar a un cuarto intermedio a pedido del diputado Miguel Pichetto, ante las dificultades para aprobar aspectos centrales del proyecto.
Durante el receso, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a su despacho a Zago junto con los presidentes de bloque del PRO, Cristian Ritondo, de la UCR, Rodrigo de Loredo, y de Hacemos Cambio Federal, Miguel Pichetto, dejando fuera de la discusión al representante de Unión por la Patria, Germán Martínez.
Allí, el oficialismo y los bloques opositores «dialoguistas» discutieron sobre el devenir de la sesión y finalmente decidieron ponerle fin y enviar nuevamente el proyecto a las comisiones. El titular del bloque del oficialismo, Oscar Zago, confesó que dentro del despacho había miembros del Poder Ejecutivo que avalaron la decisión: «Tomaron la decisión con nosotros de volver a comisión y seguir dialogando».
Zago consideró que «no es ninguna derrota ni un paso atrás» sino que «es una vuelta a comisión para seguirlo tratando». No fue lo mismo que expresó la cuenta oficial de LLA en el mensaje que publicó en la red social X: «La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión».
El Gobierno ya había cedido en varios puntos controvertidos ante el rechazo de diversos sectores de la oposición, en particular por reclamos de los gobernadores. Por caso, el artículo 7 referido a la privatización de empresas públicas, había sido recortado a 27 compañías de las 41 originales, por pedidos de los administradores provinciales.