La Administración de Parques Nacionales (APN) anunció que se presentará como querellante en la causa relacionada con la caza ilegal de un yaguareté (Panthera onca) en la provincia de Formosa. Esta especie, declarada Monumento Natural en 2001 y protegida por la ley nacional 22.421 de Conservación de la Fauna, ha sido víctima de cacería furtiva en la zona norte de Estanislao del Campo.
Los presuntos responsables del hecho ya se encuentran detenidos y a disposición de la justicia provincial. Tras la denuncia, el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa llevó a cabo las diligencias necesarias para verificar la información.
Cristian Larsen, presidente de Parques Nacionales, afirmó que la entidad «luchará hasta las últimas consecuencias para proteger al yaguareté de estos criminales». Larsen destacó que se han presentado ante la justicia para garantizar que los responsables no queden impunes y subrayó el compromiso de la APN en la protección y fortalecimiento de las poblaciones de yaguareté en el Norte Argentino y la región chaqueña, en colaboración con diversas ONG.
En el ámbito judicial, la APN ya solicitó tomar vista del expediente y, una vez concluidas las diligencias, pedirá que la causa pase a la Justicia Federal para constituirse como parte querellante debido a su rol como autoridad de aplicación del Monumento Natural Yaguareté.
De acuerdo con la Ley de Conservación de Fauna, las penas para la caza ilegal varían de dos meses a dos años de prisión y hasta cinco años de inhabilitación especial. Si la caza es organizada, realizada con armas o medios prohibidos, las penas pueden elevarse a tres años de prisión y diez años de inhabilitación, además de multas económicas significativas.
El yaguareté, considerado en peligro crítico de extinción, enfrenta graves amenazas debido a la destrucción de hábitats, la caza furtiva y la escasez de presas naturales. La APN hace un llamado a la ciudadanía para denunciar la persecución y el comercio ilegal de productos derivados del yaguareté, subrayando que su conservación es una responsabilidad compartida por todos los argentinos.