El próximo miércoles, el gobierno de Javier Milei enfrentará su primera prueba en las calles de la Ciudad de Buenos Aires tras la presentación del protocolo «antipiquetes» por parte de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que prevé, entre otros cosas que las movilizaciones se realicen «en la vereda».
Se trata de la marcha que realizarán más de 250 organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y ambientalistas desde el Congreso de la Nación a la Plaza de Mayo con motivo de un nuevo aniversario del estallido social que en 2001 que derivó en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.
La manifestación fue ratificada un día después de que Bullrich anunciara la implementación de un protocolo «para el mantenimiento del orden público» con el fin de asegurar, en el caso de protestas y bloqueos, la libre circulación en calles, caminos y rutas.
La medida fue fuertemente rechazada por dirigentes políticos y organizaciones locales e internacionales, entre ellas el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule.
Bullrich advirtió a los manifestantes: «Quédense en casa»
Bullrich advirtió este sábado, en declaraciones radiales, que las organizaciones sociales que se movilizarán el miércoles “pueden manifestar lo que quieran, pero lo tienen que hacer sin cortar las vías”.
Apuntó contra las organizaciones sociales y dijo que el problema está con quienes “manejan a la gente como ganado” y criticó al legislador porteño de la izquierda Gabriel Solano, que encabezó esta semana una conferencia para criticar su protocolo junto a su par Vanina Biasi y el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
«Solano no va a tener capacidad de decirle a la gente [qué hacer]. Tienen que tomar su propia decisión. ‘¿Voy a una marcha y me sacan el plan, o me quedo en mi casa y sigo yendo a la cooperativa?”, agregó.
Eduardo Belliboni, referente del PO, adelantó que «una serie de abogados se van a reunir para elaborar una presentación judicial» en contra del protocolo anunciado por la ministra de Seguridad.
«Veremos si tiene la formas de un hábeas corpus o de recursos preventivos para evitar que (Patricia) Bullrich lleve adelante lo que para nosotros es un delito: prohibir las movilizaciones populares», remarcó el dirigente.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) rechazó el protocolo, consideró que es «una remake recargada» de la medida presentada en su anterior gestión y anticipó que pedirá la «derogación por vía judicial» del mismo.
En esa línea, desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) se exigió su «inmediata derogación» del protocolo, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que remarcó que «se persigue» a las organizaciones ya que «cortar las calles no es delito».