Una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores detectó «“una actividad fraudulenta a gran escala” con desvío de fondos estimados en 3.400 millones de dólares solamente durante el último año.
Así lo afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni a partir del trabajo encabezado por el director ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo.
Según el informe oficial, la auditoría reveló que entre 2003 y 2015 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045, mientras que a diciembre de 2023 la cifra se ubicó en 1.222.000 beneficiarios, un número “estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales».
«Hay 60.000 personas dentro de este universo que presentan incompatibilidad de requisitos, por ejemplo, tienen varios autos, varias propiedades, tienen propiedades fuera del país, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados», señaló el portavoz del Gobierno.
Entre las irregularidades e incompatibilidades en el otorgamiento de pensiones, Adorni mencionó que “la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez”, de las cuales “el 65 por ciento, o sea, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas en menos de 30 días”.
También hizo público el caso de la provincia de Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez, y el de un médico correntino «de dudosa ética» que, en 2022, adjuntó adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro». El vocero exhibió la radiografía en cuestión ante la prensa y hasta bromeó sobre la cola del perro que puede apreciarse en la imagen: «¿Qué se pensaban que era la cola del perrito?». «Este era el nivel de descontrol que había en las pensiones por discapacidad”, aseveró.
El Gobierno va a presentar una denuncia por cada una de las pensiones «que fueron otorgadas de manera fraudulenta». «Las pensiones por discapacidad deberían tener como destino solamente a aquel que tenga una discapacidad para trabajar y que requiera esta prestación, y no que se transforme en parte en un gran negocio o en una gran caja», sostuvo Adorni. «La Argentina de la avivada, que es corrupción con el dinero de los contribuyentes, se terminó bajo la administración del presidente Milei», concluyó.
