El Gobierno define por estas horas el futuro del impuesto a los combustibles líquidos. En enero vence el último decreto de prórroga que congeló el tributo en $27,6 desde octubre de 2022. Un incremento del 100% podría impactar en una suba de precios del 25% en el surtidor. Las empresas aseguran que el traslado a los consumidores será inmediato. En el equipo económico lo analizan como una de las alternativas para financiar el retiro del capítulo fiscal de la ley ómnibus.
El impuesto a los combustibles se creó mediante la ley 23.966, sancionada en 1998, para financiar fondos de viviendas e infraestructura en todo el país. Aunque, en realidad, se trata de dos tributos, el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el impuesto al dióxido de Carbono, e impone valores fijos que se van actualizando en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC cada tres meses.
El Gobierno había tomado la decisión de suspender la aplicación del impuesto desde el primer trimestre de 2021 para evitar el aumento en el precio de los combustibles en un contexto de inflación. Asimismo, el programa se extendió en el tiempo y la última disposición oficial al respecto establecía que el congelamiento sería hasta el 1 de febrero de 2024.
“El congelamiento en los impuestos al combustible es una medida que implica que el Estado resigna la recaudación de estos impuestos para lograr una mejor competitividad en los precios y evitar mayores costos para los ciudadanos”, expresó el Ejecutivo en esa última decisión que fue publicada en el Boletín Oficial.