El Gobierno nacional formalizó una ofensiva judicial contra las compañías hidrocarburíferas que avanzan con tareas de exploración y explotación en las Islas Malvinas bajo permisos británicos. La presentación legal apuntará contra cinco corporaciones: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de alcanzar a sus directores, administradores y accionistas.
La demanda será impulsada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Según detalló el Ejecutivo a través de un comunicado oficial, al menos tres de las firmas involucradas cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de ocupación del Reino Unido para operar en la plataforma continental argentina, en abierta contravención al régimen de sanciones establecido por la Ley 26.659.
La acción judicial no se limitará a la personería jurídica de las compañías, sino que avanzará sobre las responsabilidades individuales de directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia y representantes legales que hayan intervenido en las operaciones petroleras en torno al archipiélago.
Desde la Casa Rosada fundamentaron la iniciativa como un mecanismo directo para salvaguardar los recursos naturales y la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Fondos para la Base Naval en el Presupuesto 2027
En el mismo pronunciamiento, el presidente Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, a garantizar y priorizar en el proyecto de Presupuesto 2027 los recursos necesarios para financiar la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, junto a otros programas estratégicos vinculados a la defensa nacional.
La denuncia penal profundiza el paquete de medidas anunciado la semana pasada por cadena nacional para frenar el avance del proyecto offshore Sea Lion. Ese esquema incluye el endurecimiento de penalidades para firmas operadoras y proveedoras de servicios, reformas a la legislación vigente sobre hidrocarburos, el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y una convocatoria amplia a las fuerzas políticas para sostener un reclamo unificado sobre el territorio insular.
