Una mujer que se desempeña en el Concejo Deliberante de Eldorado fue denunciada por presunta estafa, de acuerdo a lo manifestado por varias personas que aseguran haber sido perjudicadas por su accionar. Según los testimonios, la acusada ofrecía gestionar viviendas —incluyendo supuestos trámites vinculados al Iprodha— a cambio de dinero o servicios, como traslados y viajes.
De acuerdo a los datos aportados por los damnificados a Eldópolis Radio 106.3, la situación se habría extendido durante al menos dos años. Siempre, según sus relatos, la mujer mantenía las promesas de acceso a una vivienda, aunque las adjudicaciones nunca se concretaban.
Además, señalaron que la acusada habría contratado distintos servicios —como viajes o instalaciones, por ejemplo de equipos de aire acondicionado— que luego no abonaba. En ese sentido, un trabajador del volante denunció que realizó varios traslados sin recibir el pago correspondiente.
Los testimonios también indican que la mujer habría perjudicado a personas jubiladas y pensionadas mediante el uso de tarjetas de débito, cobrando montos y entregando solo un porcentaje mínimo a sus titulares, quedándose —según los denunciantes— con la mayor parte del dinero. También, habría solicitado préstamos por sumas millonarias.
Asimismo, trascendió que también habría afectado a compañeras de trabajo bajo modalidades similares. Frente a esta situación, los damnificados decidieron radicar las denuncias correspondientes y solicitar la intervención de la Justicia.
En paralelo, y siempre de acuerdo a información a la que tuvo acceso Eldópolis Red, la mujer se encontraba con licencia sin goce de haberes desde abril de 2025 hasta noviembre del mismo año. Posteriormente, habría presentado certificados médicos por embarazo de riesgo, situación que se extendería hasta la actualidad.
También se indicó que durante el último tiempo habría sido sancionada por inasistencias y presentación tardía de certificados. Según estos datos, acumuló siete sanciones durante el año pasado y en lo que va del corriente año ya sumaría otras cinco. De acuerdo a la normativa vigente, al alcanzar nueve sanciones se evalúa la cesantía.
Todos los hechos mencionados forman parte de los testimonios y datos aportados por las presuntas víctimas y fuentes consultadas, y se encuentran sujetos a investigación judicial.
