La investigación por la presunta defraudación cometida contra la comisión de padres de la EPET Nº 34 de Posadas sumó una derivación institucional en las últimas horas. La Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) resolvió apartar preventivamente de sus funciones a una oficial de la fuerza, quien mantiene un vínculo de pareja con el tesorero escolar detenido y reconoció haber integrado el grupo encargado de administrar los recursos.
La confirmación la brindó la titular del SPP, Valeria Mereles, quien explicó que la decisión busca salvaguardar la transparencia de la institución mientras avanza la causa penal. “Efectivamente es personal nuestro, del cuadro de oficiales, trabaja con nosotros. La citamos, hablamos con ella y ella reconoció ser parte de la comisión, reconoció lo que había sucedido”, detalló la funcionaria en diálogo con Radio Red Ciudadana.
Mereles remarcó que la separación es precautoria para despejar cualquier suspicacia: “Lo que quisimos es hacer una separación del cargo en forma preventiva justamente para que no se generen dudas de que la institución cubre alguna situación o que la institución ignora la situación”. Asimismo, aclaró que la fuerza aún no recibió una cédula judicial que formalice una imputación penal directa contra la mujer, por lo que su situación interna quedará supeditada a los oficios que remita el juzgado interviniente.
Fondos de la Estudiantina bajo la lupa judicial
El escándalo estalló tras la denuncia formal por la desaparición de aproximadamente $6.000.000 que habían sido recaudados por las familias del establecimiento técnico. Dicho monto estaba destinado a solventar los costos operativos de la participación del colegio en la Estudiantina posadeña, abarcando la compra de instrumentos musicales, insumos para la banda de música y materiales para los trajes del cuerpo de baile.
El tesorero de la comisión escolar continúa privado de su libertad a disposición de la Justicia, mientras los peritos contables e investigadores analizan los movimientos bancarios y balances para determinar el destino del dinero y establecer las responsabilidades penales de los involucrados.
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