El caso de la yaguareté “Pará” ingresó formalmente en el ámbito de la Justicia Federal, luego de una serie de pedidos de Acceso a la Información Pública impulsados por la Red Yaguareté que no obtuvieron respuestas completas dentro de los plazos legales establecidos. La situación derivó en la apertura de una investigación ambiental que involucra a distintos organismos nacionales y provinciales.
Según se informó, la Administración de Parques Nacionales respondió de manera parcial y con información genérica, argumentando la confidencialidad de los datos solicitados, sin aportar precisiones sustanciales sobre el caso. Por su parte, el CONICET y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación solicitaron una prórroga para analizar la situación, pedido que fue concedido conforme a la normativa vigente. En contraste, el Ministerio de Ecología de Misiones no emitió respuesta alguna a los requerimientos formales.
Con la intervención de la Justicia Federal, todos los organismos involucrados deberán ahora brindar explicaciones obligatorias ante el fiscal Ramiro González, lo que representa un cambio significativo en el tratamiento institucional del caso. Desde la Red Yaguareté se presentó una amplia documentación que incluye antecedentes técnicos, registros de traslocaciones anteriores con resultados fallidos, solicitudes de peritajes, pedidos de citación a testigos y un extenso cuestionario dirigido a los actores que intervinieron en el manejo de la hembra y sus crías.
Uno de los ejes centrales de la investigación es la ausencia de información verificable sobre el estado de salud actual de la yaguareté “Pará” y de sus dos cachorros, una preocupación que motivó nuevas presentaciones judiciales y el reclamo de evidencia concreta que respalde las decisiones adoptadas.
El caso adquiere especial relevancia por tratarse de una especie catalogada en peligro crítico de extinción y por el impacto que las acciones humanas y las políticas de manejo pueden tener sobre su conservación en la región. Con la causa ya en sede federal, se espera que se esclarezcan los hechos y se determinen eventuales responsabilidades administrativas y penales.
