La Comisión de Legislación General de la Cámara de Representantes recibió al juez del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, Víctor Emilio del Río, quien participó de la reunión para aportar su experiencia sobre la transformación del sistema de justicia penal, en el marco del tratamiento de las propuestas de modificación del Código Procesal Penal de Misiones.
La participación del magistrado se concretó a partir de las peticiones y asuntos particulares presentados por los ministros del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, junto con el Procurador General de la Provincia, mediante las cuales se propuso conformar una mesa de trabajo interdisciplinaria integrada por el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Colegio de Abogados, con el objetivo de avanzar en una transformación integral del sistema de justicia penal provincial.
La presidenta de la Comisión de Legislación General, Anazul Centeno, explicó que la convocatoria forma parte de un ciclo de charlas que la comisión busca desarrollar junto con la vicepresidenta, Blanca Núñez, para incorporar distintas miradas al análisis de la reforma.
Centeno destacó la experiencia de Chaco, provincia que avanzó en la reforma de su sistema penal hace casi dos décadas e incorporó el sistema acusatorio. También valoró la trayectoria de Del Río en materia de juicios por jurados y su participación en el desarrollo de este mecanismo en esa provincia.
“Es importante que una persona de su tamaño intelectual, de su experiencia, venga hoy a comentarnos cuál ha sido el camino, la experiencia de su provincia en la implementación de este sistema”, expresó la legisladora.
Durante su exposición, Del Río planteó que la reforma de los sistemas de justicia penal implica una transformación institucional que alcanza a los roles y funciones de los distintos actores que intervienen en el proceso.
“Lo que estamos discutiendo son los roles y las funciones asignadas a quienes realizan el hecho penal, que son fiscales, jueces y defensores”, señaló.
El magistrado chaqueño sostuvo además que los procesos de cambio suelen generar resistencias vinculadas con las prácticas instaladas y las dificultades propias de modificar estructuras existentes. En ese contexto, consideró que el debate sobre la reforma debe contemplar no solamente las normas, sino también la organización y las funciones que corresponden a cada uno de los actores del sistema.
Del Río cuestionó el modelo procesal vigente en Misiones al señalar que el sistema inquisitivo “no responde a la Constitución ni a las convenciones”, y planteó la necesidad de avanzar hacia criterios vinculados con nuevos modelos republicanos de organización de la justicia penal.
La experiencia de Chaco constituyó uno de los principales ejes del intercambio, particularmente por el proceso de implementación del sistema acusatorio y por la incorporación de los juicios por jurados. Del Río fue colaborador en la redacción de la Ley de Jurados de esa provincia y coautor del libro Juicio por Jurados en la Provincia del Chaco, además de contar con una extensa trayectoria académica y profesional vinculada al derecho penal y procesal penal.
El juez cuenta con 38 años de trayectoria laboral en la Justicia de Chaco. Es especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Nordeste y doctorando en Ciencias Jurídicas de esa institución. Se desempeña además como docente universitario y de posgrados y participa en ámbitos vinculados con el derecho procesal penal, la mediación y la innovación judicial.
La presidenta de la comisión anticipó que el intercambio con especialistas continuará durante el tratamiento de la reforma. “La idea es poder convocar a distintos invitados que tengan que ver con el ámbito judicial y quizás también con actores de la sociedad civil que están involucrados en lo que este proyecto explora”, explicó Centeno.
De esta manera, la Comisión de Legislación General incorpora distintas experiencias y perspectivas al estudio de las modificaciones propuestas para el Código Procesal Penal, combinando el análisis técnico de la normativa con la consideración de su impacto en el funcionamiento del sistema de justicia y en la sociedad.
