El Gobierno de Misiones suspendió el uso de drones para la aplicación de productos fitosanitarios en todo el territorio provincial, luego de que productores denunciaran daños en cultivos de tabaco, tomate y poroto atribuidos a la deriva de agroquímicos provenientes de establecimientos vecinos.
La medida es preventiva, rige por tiempo indeterminado y alcanza a todos los usuarios de esta tecnología hasta que se establezcan las condiciones técnicas para su utilización.
La decisión fue oficializada este martes 17 de noviembre mediante la Disposición 104/2026 de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable.
Según los fundamentos de la normativa, la restricción se mantendrá mientras se avanza en la elaboración de una reglamentación específica que determine los parámetros necesarios para garantizar que las aplicaciones no generen impactos ambientales negativos.
El conflicto se originó a partir de reclamos de productores de Pozo Azul y otras localidades misioneras, quienes advirtieron sobre daños en sus plantaciones que atribuyen a fumigaciones realizadas con drones en chacras cercanas.
Los episodios reavivaron la preocupación por la deriva de productos fitosanitarios, es decir, el desplazamiento de sustancias aplicadas hacia terrenos y cultivos que no son el objetivo de la fumigación.
El marco legal y los parámetros pendientes Entre los argumentos que sustentan la decisión, el Ministerio de Ecología citó la Ley XVI N.º 144, que regula la utilización y el control de productos fitosanitarios y domisanitarios en Misiones.
El artículo 44 de esa norma prohíbe las aplicaciones aéreas de estos productos en todo el territorio provincial.
Sin embargo, el Decreto 2556/2022, que reglamentó la ley, incorporó precisiones sobre el uso de vehículos aéreos no tripulados.
En su artículo 60 contempla las aplicaciones mediante diferentes tipos de aeronaves, incluidos los drones, y habilita su utilización bajo determinadas condiciones de forma, condición y altura, siempre que no comprometan la sustentabilidad de los recursos naturales ni provoquen impactos ambientales negativos.
La disposición recientemente adoptada reconoce que todavía se encuentran en proceso de análisis y definición los parámetros técnicos que deberán cumplir estos equipos.
Ante la falta de criterios específicos concluidos, la autoridad ambiental resolvió suspender preventivamente todas las aplicaciones realizadas con drones hasta establecer las condiciones que permitan regular su actividad.
Denuncias por daños en plantaciones de tabaco Los reclamos de los productores afectados se concentraron principalmente en las colonias Picada Unión y Picada 10, donde agricultores denunciaron daños en cultivos que atribuyen a fumigaciones efectuadas en establecimientos vecinos.
Según testimonios recogidos por El Territorio, uno de los colonos estimó que unas 18.000 plantas de tabaco de su chacra resultaron perjudicadas.
Otros productores señalaron afectaciones en plantaciones de 30.000, 40.000 y hasta 50.000 plantas.
Los agricultores también advirtieron que los daños no se limitarían a los terrenos linderos con los establecimientos ganaderos, sino que habrían alcanzado chacras ubicadas a distancias de entre 1.500 y 2.000 metros de los lugares donde se realizaron las aplicaciones.
Entre las posibles causas de la deriva mencionaron las condiciones del viento, la altura de vuelo de los drones y las características del terreno, factores que, según sostienen, podrían favorecer el desplazamiento de los herbicidas hacia cultivos vecinos.
La problemática derivó ahora en una restricción generalizada sobre el uso de esta tecnología, que dejó sin actividad a quienes realizaban aplicaciones con drones en distintos puntos de la provincia y abrió un debate sobre los mecanismos de control y regulación.
CACIM cuestionó la prohibición y pidió que se deje sin efecto La decisión provincial generó una reacción de la Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo (CACIM), que expresó su rechazo a la Disposición 104/2026 y reclamó que sea anulada.
La entidad consideró que la suspensión representa un retroceso tecnológico, especialmente para una provincia donde predominan las chacras pequeñas, los terrenos con pendientes y las producciones regionales.
Desde la cámara defendieron el uso de drones como una herramienta de precisión para la aplicación de fitosanitarios, al considerar que permite reducir las cantidades de producto y agua utilizadas, además de disminuir la exposición directa de los trabajadores a estas sustancias. “El dron de aplicación es hoy una de las herramientas más precisas que tiene el productor.
Permite aplicar la dosis justa en el lugar justo, con menos producto y mucha menos agua, y aleja al trabajador del contacto directo con el fitosanitario”, argumentaron.
También señalaron que estos equipos permiten trabajar en yerbales, tealeras y forestaciones donde el ingreso de tractores resulta dificultoso.
En ese sentido, advirtieron que la prohibición no necesariamente reduce el uso de agroquímicos, sino que podría impulsar el regreso a métodos que consideran menos controlables y con mayor exposición para las personas y el ambiente.
Uno de los principales cuestionamientos de CACIM apunta a que la medida alcanza a todos los usuarios de la tecnología, independientemente de si realizan las aplicaciones de manera adecuada o incumplen las normas. “Si se registraron malas aplicaciones, lo que corresponde es identificar al responsable, controlarlo y sancionarlo.
Un mal uso no se corrige prohibiendo la herramienta para todos, porque así se castiga por igual a quienes trabajan bien, cumplen las buenas prácticas agrícolas y se capacitaron e invirtieron para hacerlo”, sostuvo la entidad.
En esa línea, remarcó que “la prohibición no es el camino; el camino es la regla clara y el control efectivo”.
CACIM también cuestionó que la falta de una reglamentación operativa termine afectando a los productores, prestadores de servicios y empresas que incorporaron esta tecnología.
La cámara recordó que el Decreto 2556/2022 ya contempla el uso de drones y consideró que las demoras administrativas no deberían trasladarse al sector privado. “La demora del Estado no puede trasladarse como costo a productores, prestadores de servicios y empresas que hoy ven paralizada su actividad sin un plazo cierto”, expresó.
Finalmente, reclamó que la Disposición 104/2026 sea dejada “sin efecto de inmediato”.
AMAYADAP pidió revisar la medida y abrir una mesa de diálogo La Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) también manifestó su preocupación por la suspensión y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de restricciones puede generar en la incorporación de tecnología, las inversiones privadas y la generación de empleo.
La entidad sostuvo que Misiones necesita previsibilidad y reglas claras para el desarrollo de sus actividades productivas, al tiempo que reconoció la responsabilidad del Estado en la protección de la salud pública y el ambiente. “Nuestra provincia necesita previsibilidad, reglas claras y confianza para producir.
Entendemos que el Estado debe proteger la salud pública y el ambiente mediante controles y regulaciones adecuados, pero también acompañar y estimular a quienes invierten, producen y generan puestos de trabajo”, expresó la asociación.
Desde el sector forestal y forestoindustrial remarcaron que la incorporación responsable de nuevas tecnologías resulta fundamental para mejorar la eficiencia, la competitividad y la sustentabilidad de las actividades.
En lugar de plantear un pedido directo de anulación, AMAYADAP propuso abrir un espacio de trabajo conjunto con las autoridades provinciales y los sectores involucrados para revisar el alcance de la disposición y avanzar en una regulación que permita establecer controles sin frenar la innovación productiva. “La innovación y la incorporación responsable de nuevas tecnologías son fundamentales para mejorar la eficiencia, la competitividad y la sustentabilidad de nuestras actividades”, señaló.
La CEM advirtió sobre el impacto en la actividad económica La Confederación Económica de Misiones (CEM) se sumó a los cuestionamientos y manifestó su preocupación por las posibles consecuencias de la suspensión de las aplicaciones con drones sobre la economía provincial.
En un comunicado, la entidad calificó la medida como “restrictiva y genera incertidumbre en el sector productivo”, al considerar que limita la incorporación de nuevas tecnologías y podría repercutir en inversiones, servicios y empleo.
La CEM reclamó que las decisiones relacionadas con la actividad productiva estén sustentadas en “evidencia científica, el diálogo multisectorial y el sentido común”, y planteó la necesidad de avanzar hacia “un marco regulatorio claro, equilibrado y técnicamente fundamentado”.
La Cámara de General San Martín también pidió levantar la prohibición Por su parte, la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios de General San Martín (LGSM) manifestó un rechazo contundente a la disposición provincial y la calificó como un “retroceso tecnológico”.
La entidad sostuvo que los drones constituyen una de las herramientas más precisas para la aplicación de fitosanitarios y cuestionó que su prohibición implique recurrir a métodos que considera menos eficientes.
En su posicionamiento, coincidió con CACIM al señalar que “la prohibición no es el camino; el camino es la regla clara y el control efectivo”, y reclamó que la medida sea dejada “sin efecto de inmediato”.
De esta manera, la suspensión del uso de drones agrícolas en Misiones abrió un nuevo frente de discusión entre las denuncias por daños en cultivos, la necesidad de establecer parámetros ambientales y las demandas de las entidades productivas, que reclaman una regulación específica sin paralizar la actividad ni la incorporación de tecnología.

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