El exdiputado provincial de la Unión Cívica Radical y abogado Gustavo González presentó este miércoles una denuncia penal contra Carlos Rovira por presunto enriquecimiento ilícito y pidió que la Justicia investigue el patrimonio del exgobernador y actual diputado provincial.
La presentación fue realizada ante el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Posadas, a cargo de Carla Freitag, y quedó registrada como Denuncia N.º 203/2026 en la Fiscalía del juzgado, conducida por Amalia Spinato.
González acusa a Rovira de la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, previsto en el artículo 268, inciso 2°, del Código Penal, y plantea además la posible existencia de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de declaraciones juradas e infracciones relacionadas con el dominio público e hidráulico.
La denuncia también alcanza, según el escrito, a cualquier persona que pudiera resultar autor, coautor, testaferro, cómplice o encubridor de las maniobras que eventualmente sean comprobadas.
La presentación no implica que los hechos denunciados hayan sido acreditados judicialmente. Será la Justicia la que deberá determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación y avanzar con las medidas de prueba solicitadas.
El patrimonio y los años en la función pública
El planteo de González busca establecer si existe correspondencia entre los ingresos que Rovira obtuvo durante su extensa trayectoria en la función pública y el patrimonio que el denunciante le atribuye directa o indirectamente.
En ese sentido, el escrito repasa su paso por la Dirección Provincial de Vialidad, la Municipalidad de Posadas, la Gobernación —que ejerció entre 1999 y 2007— y posteriormente la Cámara de Representantes, donde se desempeñó como diputado y presidente del cuerpo.
González sostiene que Rovira no habría desarrollado una actividad comercial privada declarada que permita explicar el patrimonio que le atribuye y reclama reconstruir su evolución patrimonial, además de la de su esposa e hijos.
Uno de los principales puntos de la denuncia es una propiedad ubicada sobre la costa del río Paraná, en Posadas. Según el escrito, el predio tendría aproximadamente 14.000 metros cuadrados y estaría registrado a nombre de la esposa de Rovira.
El denunciante pide determinar la situación dominial del inmueble y verificar distintas obras que, según afirma, se habrían realizado en el lugar.
Entre ellas menciona un paredón perimetral sobre la costa, la presunta incorporación al predio de una calle pública que desembocaba en el río, un muelle privado y una toma de agua vinculada con una laguna artificial.
Estos hechos son presentados como cuestiones que deberán ser constatadas mediante información catastral, municipal y otras medidas de prueba. El propio material aportado señala que algunos de estos planteos ya habían formado parte de una denuncia anterior que no prosperó judicialmente.
También pide investigar otros inmuebles y empresas
La denuncia solicita ampliar la investigación hacia otros bienes que González vincula con Rovira y su entorno.
Entre ellos menciona una finca o estancia ubicada sobre la Ruta Nacional 105, en la zona de Garupá y Fachinal, respecto de la cual pide determinar quién sería su titular real.
También reclama investigar lotes y campos ubicados en distintos puntos de Misiones que, según plantea, podrían estar registrados a nombre de familiares, allegados o sociedades vinculadas.
Otro capítulo está relacionado con el entorno familiar del exgobernador. González menciona a sus hijos, quienes —según sostiene en la denuncia— tienen residencia en el exterior, y pide analizar sus movimientos económicos, bienes y gastos fuera del país para determinar si existe correspondencia con los ingresos declarados.
Asimismo, solicita investigar eventuales vínculos entre integrantes del entorno familiar y empresas contratistas del Estado provincial. Entre las firmas mencionadas aparecen Constructora Spotorno y Agro Sustentable SA. La denuncia plantea que esas relaciones deberán ser verificadas durante una eventual investigación judicial.
- Qué medidas solicitó González
Para determinar el origen y evolución del patrimonio, González pidió una serie de medidas de prueba.
Entre ellas, solicitó al Registro General de la Propiedad Inmueble de Misiones informes históricos sobre el inmueble costero y un listado de propiedades urbanas y rurales registradas a nombre de Rovira, su esposa y sus hijos.
También pidió información al Catastro provincial y a la Municipalidad de Posadas para determinar la situación de las calles públicas y del denominado camino de sirga mencionados en la denuncia.
En materia tributaria, reclamó que ARCA remita las declaraciones juradas de Bienes Personales y Ganancias de Rovira y de Gustavo Spotorno correspondientes a los últimos 15 períodos fiscales.
Además, solicitó información al Banco Central sobre cuentas, plazos fijos, cajas de seguridad y transferencias al exterior del grupo familiar, y requirió a Migraciones los registros de entradas y salidas del país durante los últimos diez años.
El objetivo, según surge de la presentación, es cruzar los ingresos declarados, la evolución patrimonial y la titularidad efectiva de los bienes.
Pedido de prohibición de salida del país
González también solicitó que se disponga la prohibición de salida del país de Rovira, la retención de su documentación de viaje y una inhibición general de bienes.
El denunciante fundamentó estos pedidos en un supuesto riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Estas medidas, al igual que el resto de los planteos, deberán ser evaluadas por la autoridad judicial.
En relación con los fueros parlamentarios, González sostiene que la condición de diputado provincial de Rovira no impediría avanzar inicialmente con medidas de prueba patrimoniales, fiscales, bancarias y registrales. En caso de que el proceso alcance una instancia que lo requiera, pidió que se tramite ante la Cámara de Representantes el eventual desafuero.
“También tenemos que interpelar al Poder Judicial”
Tras presentar la denuncia, González sostuvo que ahora corresponde que la Justicia determine si existen elementos para avanzar.
“Hoy a la mañana presenté la denuncia y creo que también tenemos que interpelar al Poder Judicial, se habla mucho de lo que pasa con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero no se habla del Poder Judicial y con una denuncia así tiene la posibilidad de demostrar que es independiente y avanzar”, afirmó.
La presentación incorpora publicaciones periodísticas como antecedentes y solicita que esas afirmaciones sean contrastadas con información registral, tributaria, financiera y administrativa oficial. De esta manera, el denunciante plantea que la investigación determine si las situaciones descriptas pueden ser corroboradas y si existe alguna conducta que pudiera constituir un delito.
