La desaparición de una veintena de perros en Guaraní derivó en una investigación judicial que tiene en el centro de la escena al intendente Miguel Ángel Vargas. La causa, impulsada por presunto maltrato animal, busca esclarecer qué ocurrió con los animales tras ser retirados de una vivienda luego del fallecimiento de la mujer que los cuidaba.
El juez de Instrucción Dos de Oberá, Horacio Alarcón, ordenó avanzar con el expediente a partir de testimonios de vecinos, del propietario del inmueble, de un veterinario y de una concejal que participaron en el procedimiento.
Según declaró el jefe comunal ante la Policía, los perros fueron dados en adopción a distintas familias de la zona, luego de que protectoras se negaran a recibirlos. Aseguró además que existe un listado de adoptantes en la Municipalidad, el cual deberá ser presentado y verificado en el marco de la investigación.
Un audio que encendió las sospechas
El caso tomó estado público tras la difusión de un video con audio grabado por el propio intendente. Allí, menciona haber solicitado un camión más grande para trasladar a los animales y lanza una frase que generó fuerte polémica: “Les voy a llevar a la perrera… digamos, digamos nomás. Les voy a llevar, no sé adónde… pero lejos”.
Esa expresión alimentó las dudas sobre el destino real de los perros y multiplicó los cuestionamientos de vecinos y organizaciones.
Reclamos y pedido de explicaciones
La concejal Lorena Sosa formalizó un pedido de informes para determinar qué ocurrió tras el traslado. Según relató, el intendente había asegurado en el lugar que se ocuparía de ubicar a los animales en protectoras.
Sin embargo, tras el operativo, no hubo precisiones sobre el destino final de los perros. “Haré mi propio pedido de informe para saber a dónde fueron y quién se hizo cargo”, indicó, al tiempo que remarcó que quienes participaron actuaron con la intención de resguardar tanto a los animales como a los vecinos.
Mientras tanto, la causa avanza en la Justicia, donde se deberá corroborar si los animales efectivamente fueron adoptados o si existió algún tipo de maltrato, un delito penado por la legislación argentina.
