Una causa judicial por tenencia ilegal de fauna silvestre y presunto maltrato animal en la ciudad de Posadas volvió a quedar en el centro de la polémica tras constatarse la desaparición de 34 animales vivos y 63 huevos que se encontraban bajo custodia judicial, según denunció la Fundación Dante Piesco, responsable del Centro de Rescate de Fauna Silvestre OHANA, que recientemente se constituyó como querellante en el expediente.
La investigación se inició a partir de un informe de Gendarmería Nacional fechado el 2 de octubre de 2025.
Días después, el 8 de octubre, el entonces juez interviniente, Juan Manuel Monte, ordenó el allanamiento de la veterinaria “Amazonas”, donde se hallaron 100 animales vivos pertenecientes a fauna silvestre protegida y otros 14 ejemplares muertos, almacenados en un freezer junto a alimentos.
El 13 de noviembre de 2025, mediante una resolución judicial, se dispuso el traslado inmediato de todos los animales al Centro de Rescate OHANA. Sin embargo, esa medida nunca se ejecutó y los ejemplares permanecieron en el establecimiento, bajo una orden judicial de “no innovar”. Según la Fundación, la resolución habría quedado sin efecto por presuntas interferencias externas vinculadas al entorno del imputado.
Tras un cambio de magistrado, el juez subrogante Fernando Luis Verón ordenó una nueva constatación, que se realizó el 12 de enero de 2026. El resultado fue calificado como “alarmante” por la organización: al comparar los registros oficiales de octubre de 2025 y enero de 2026, se detectaron graves inconsistencias incompatibles con una custodia judicial legítima.
El relevamiento técnico determinó la desaparición de 34 animales vivos, el ingreso de al menos 10 nuevos ejemplares durante la vigencia de la orden de no innovar y la falta de 63 huevos de dragón barbudo. Entre los animales desaparecidos figuran cuatro monos tití —incluida una hembra reproductora—, diez lagartos overos, ocho dragones barbudos, cuatro iguanas, dos tortugas carbonarias, además de serpientes, roedores y otros ejemplares.
Desde la Fundación remarcaron que no existen actas de fallecimiento, informes veterinarios, restos biológicos ni documentación oficial que explique el destino de los animales faltantes. Además, señalaron que cualquier muerte ocurrida en un contexto de custodia judicial debía haber sido registrada formalmente, algo que no sucedió en ninguno de los casos relevados.
La coexistencia de animales “faltantes” con la aparición de ejemplares que no estaban registrados en el allanamiento inicial refuerza, según la denuncia, la hipótesis de que el establecimiento habría continuado con prácticas de tenencia y posible comercialización ilegal de fauna, pese a estar bajo investigación judicial.
Ante este escenario, el pasado 1 de febrero de 2026, la Fundación Dante Piesco se presentó formalmente como Querellante Particular y solicitó la ejecución inmediata de la resolución que ordena la incautación y traslado de la totalidad de la fauna, la imputación de la médica veterinaria regente del lugar, Lorena Roxana Soledad Colman, y la reserva de competencia federal ante una posible infracción a la normativa CITES y a la Ley de Contrabando.
“No estamos hablando de una irregularidad administrativa. Estamos hablando de animales que desaparecieron bajo custodia judicial, de huevos que ya no están y de evidencia que se esfuma mientras las vidas que debían ser protegidas siguen en riesgo”, expresaron desde la Fundación.
El expediente continúa radicado en el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Posadas, ahora a cargo del juez Verón. Mientras tanto, la organización advierte sobre una “extrema inacción procesal” y sostiene que los animales que aún permanecen en la veterinaria continúan expuestos a condiciones incompatibles con el bienestar animal, como hacinamiento y acopio de cadáveres en freezers.
La sociedad misionera observa ahora si la Justicia avanzará con la ejecución de las medidas ya ordenadas o si el caso se diluirá, mientras el destino de la fauna involucrada sigue siendo incierto.
