El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, fue interceptado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el aeropuerto internacional John F.
Kennedy (JFK) de Nueva York, minutos antes de abordar el vuelo de regreso a la Argentina junto a parte de la delegación de la Selección.Durante el operativo, las autoridades estadounidenses incautaron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a Tapia y a integrantes de la comitiva que viajaban en el vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas.Como consecuencia del procedimiento, la partida del vuelo sufrió una demora de más de dos horas.
El despegue, previsto inicialmente para las 6, se concretó finalmente cerca de las 8.15, retrasando también el arribo de la delegación al aeropuerto de Ezeiza, donde miles de hinchas aguardaban la llegada del seleccionado subcampeón del mundo.Lionel Messi y Rodrigo De Paul no formaban parte de ese vuelo.
El capitán argentino regresó al país un día más tarde en su avión privado.Citación judicial y requerimiento de información Según documentos judiciales, Tapia fue citado a declarar ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.
Además, deberá entregar toda la documentación y comunicaciones vinculadas con la empresa Tourprodenter, incluyendo intercambios mantenidos con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; Diego Lucero; y el empresario Javier Faroni.Los cuatro aparecen mencionados dentro de una investigación que analiza el funcionamiento de la estructura utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA.Tourprodenter, administrada por Faroni, figura como agente comercial exclusivo de la entidad para la gestión de acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y derechos de televisión.Una investigación por más de 300 millones de dólares La pesquisa comenzó a tomar impulso durante la disputa del Mundial 2026, cuando fiscales del Departamento de Justicia y agentes del FBI iniciaron una investigación sobre las operaciones financieras vinculadas con los negocios internacionales de la AFA.De acuerdo con la información judicial, las operaciones bajo análisis superarían los 300 millones de dólares.Uno de los primeros testimonios fue el del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio judicial con la AFA y denunció el funcionamiento de la estructura comercial investigada.
Su declaración se realizó en Miami y se extendió durante más de dos horas, aportando documentación sobre movimientos bancarios y sociedades radicadas en Estados Unidos.El foco sobre Tourprodenter La investigación es encabezada por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, especialistas en delitos económicos y financieros.En esta etapa, los investigadores buscan reconstruir el circuito del dinero, identificar a las sociedades involucradas y determinar si existieron maniobras que puedan configurar delitos bajo la legislación estadounidense.En el centro del expediente aparece Tourprodenter LLC, sociedad administrada por Javier Faroni y Erica Gillette, designada por la AFA como agente exclusivo para gestionar los contratos comerciales internacionales.Según la documentación analizada, la empresa recibía ingresos provenientes de patrocinadores, derechos televisivos, partidos amistosos y otros acuerdos comerciales vinculados con la Selección Argentina.Transferencias bajo análisis La documentación bancaria incorporada al expediente indica que los fondos circularon por cuentas abiertas en distintas entidades financieras estadounidenses, entre ellas Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.Solo a través de esta última entidad habrían pasado más de 13,5 millones de dólares en menos de un año.Los investigadores detectaron que parte del dinero permanecía en las cuentas apenas entre 24 y 72 horas antes de ser transferido a otras sociedades.
Entre las empresas que recibieron fondos aparecen Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, algunas de las cuales compartían domicilios o agentes registrales en Florida y registraban escasa actividad comercial.Una causa que sigue en etapa preliminar Hasta el momento, las medidas adoptadas por la Justicia estadounidense no implican imputaciones penales contra los involucrados.Sin embargo, la incautación de teléfonos, computadoras y demás dispositivos representa un avance importante en la investigación, ya que permitirá a los fiscales analizar comunicaciones, archivos y registros digitales para contrastarlos con la documentación bancaria, societaria y los testimonios reunidos durante la pesquisa.Las autoridades estadounidenses buscan determinar el destino final de los fondos, identificar a los beneficiarios de las transferencias y establecer si las operaciones investigadas violaron la legislación financiera de Estados Unidos.



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