La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo y quedó ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir el futuro de la Ley de Financiamiento Universitario en medio de un fuerte conflicto político y presupuestario.
El máximo tribunal quedó en condiciones de resolver si avanza la aplicación de la norma impulsada por sectores universitarios, que busca garantizar recursos para salarios docentes, becas estudiantiles y funcionamiento de las casas de estudio de todo el país.
Desde la gestión del presidente Javier Milei sostienen que la ley compromete el equilibrio fiscal y cuestionan que no especifica con claridad de dónde saldrán los fondos necesarios para afrontar el incremento presupuestario. Por ese motivo, el Gobierno nacional presentó recursos judiciales para intentar frenar su implementación.
Del otro lado, rectores, docentes, estudiantes y gremios universitarios aseguran que la situación financiera de las universidades es cada vez más delicada y advierten que el ajuste impacta directamente en las actividades académicas, la investigación y el pago de salarios.
El conflicto tomó mayor dimensión tras las masivas marchas universitarias realizadas en distintos puntos del país, donde miles de personas se movilizaron en defensa de la educación pública y reclamaron la inmediata aplicación de la ley.
Con el expediente ya en manos de la Corte Suprema, la decisión del máximo tribunal podría convertirse en un punto clave dentro de uno de los debates políticos y educativos más sensibles del año.
