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El gobernador Hugo Passalacqua envió este jueves a la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley para ampliar y precisar el alcance del control del Tribunal de Cuentas sobre empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria, tanto provinciales como municipales.
La iniciativa busca establecer de manera expresa qué estructuras empresariales están alcanzadas por las facultades de fiscalización del organismo, encargado de controlar el uso de los recursos públicos y determinar responsabilidades cuando corresponda.
La propuesta incluye a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y otras entidades en las que el Estado tenga la mayoría del capital o una capacidad predominante para tomar decisiones.
El proyecto plantea modificar el artículo 2 de la Ley I – Nº 3, anteriormente conocida como Decreto Ley 1214/60, que regula las atribuciones del Tribunal de Cuentas.
Transparencia y rendición de cuentas
A través de sus redes sociales, Passalacqua defendió la iniciativa y sostuvo que apunta a fortalecer la transparencia en la gestión pública.
“Los misioneros necesitan claridad, apertura y una gestión de cara a la gente, y quienes tenemos la responsabilidad de gobernar y manejar los recursos públicos trabajamos 24/7 para garantizar absoluta transparencia con medidas concretas”, expresó el mandatario.
Además, afirmó: “No solo no esquivamos esa responsabilidad, sino que es una convicción profunda: hoy en Misiones gobernar es rendir cuentas a diario”.
- Cuándo entraría en vigencia
Según los fundamentos del Poder Ejecutivo, la modificación busca aportar mayor seguridad jurídica y dejar en claro que las empresas estatales también están comprendidas en las facultades de fiscalización del organismo.
La propuesta no contempla la creación de una nueva entidad de control, sino una precisión legal sobre las atribuciones que ya tiene el Tribunal de Cuentas.
El proyecto consta de tres artículos y establece que la reforma comenzaría a regir el 1 de enero de 2027, en caso de ser aprobada por la Legislatura. El plazo previsto responde a razones organizativas y de coordinación para implementar los cambios.
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