El Gobierno de Misiones se refirió a la situación de los ex efectivos policiales que actualmente reclaman públicamente su reincorporación a la fuerza, asegurando que las desvinculaciones fueron oportunamente analizadas, resueltas y notificadas conforme al marco legal vigente.
Según se indicó oficialmente, las decisiones adoptadas no respondieron a hechos aislados ni menores, sino a una evaluación integral de conductas consideradas incompatibles con el ejercicio de la función policial y con las responsabilidades institucionales que implica integrar la fuerza de seguridad provincial.
En ese sentido, remarcaron que las medidas fueron tomadas por el Poder Ejecutivo Provincial en ejercicio de sus facultades constitucionales y administrativas, y que los involucrados contaron con instancias administrativas y judiciales habilitadas para ejercer su defensa y presentar los planteos correspondientes.
Además, desde el Estado señalaron que las presentaciones efectuadas por el grupo de ex efectivos ya fueron respondidas formalmente mediante los canales institucionales previstos, por lo que sostuvieron que los reclamos actuales “carecen de novedad y sustento jurídico”.
Asimismo, remarcaron que el ingreso, permanencia o eventual reincorporación a la Policía no depende de manifestaciones públicas ni de medidas de presión, sino del cumplimiento de los procedimientos establecidos y de decisiones adoptadas por las autoridades competentes en resguardo del interés institucional y del orden público.
Finalmente, recordaron que cualquier controversia vinculada a estas decisiones puede canalizarse a través de las vías legales correspondientes, aunque aclararon que las manifestaciones públicas no reemplazan los procedimientos administrativos ni judiciales previstos por la ley.
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