El Gobierno nacional dispuso la creación de una mesa de coordinación en materia de seguridad destinada a proteger los proyectos comprendidos dentro del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de prevenir riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 461/2026 publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Según el texto oficial, la iniciativa apunta a “fortalecer la prevención y mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada” que puedan afectar inversiones estratégicas, sus áreas de influencia e infraestructuras críticas.
El documento advierte que este tipo de proyectos pueden resultar atractivos para organizaciones criminales transnacionales, que podrían intentar operar mediante lavado de activos, extorsión o infiltración en actividades económicas lícitas.
En ese sentido, la resolución señala la necesidad de un enfoque “preventivo, integral y coordinado” que permita identificar y reducir riesgos desde las primeras etapas de planificación y ejecución de los proyectos.
La mesa de coordinación también tendrá como objetivo resguardar la seguridad de las empresas, trabajadores e infraestructuras, además de fortalecer la continuidad de las inversiones y la seguridad jurídica del régimen.
Por último, el Gobierno remarcó que la dinámica social y económica que generan este tipo de inversiones puede implicar escenarios de vulnerabilidad, por lo que se prevé incorporar estrategias de prevención y acompañamiento comunitario dentro de las políticas públicas vigentes.
