La Fundación Dante Piesco presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones una acción de declaración de inconstitucionalidad contra la Ley XVI N.º 188, aprobada por la Cámara de Representantes el 22 de octubre.
La organización sostiene que las modificaciones podrían debilitar la protección de la Selva Paranaense y solicitó una medida cautelar para evitar la aplicación de las disposiciones cuestionadas mientras avanza el proceso judicial.
La iniciativa legislativa, impulsada por el diputado provincial Miguel Núñez, del PRO, obtuvo 39 votos afirmativos.
Desde la Fundación advierten que la norma habilita actividades productivas en áreas de bosque nativo que consideran especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental.
El planteo judicial cuestiona la compatibilidad de la ley con el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y los principios de prevención, precaución, progresividad y no regresión ambiental.
Uno de los principales puntos de controversia es la posibilidad de autorizar actividades productivas en bosques clasificados en las categorías II y III del ordenamiento territorial, entre ellas sistemas de ganadería integrada bajo monte nativo, cultivos de yerba mate y aprovechamiento forestal.
Aunque la norma establece que estas prácticas no deben implicar desmontes ni pérdida del carácter de bosque nativo, la Fundación advierte que conservar los árboles en pie no garantiza la preservación de todo el ecosistema.
En el caso de la ganadería bajo monte, señala que el ingreso de animales puede provocar compactación del suelo, consumo de vegetación, alteraciones en el sotobosque y dificultades para la regeneración natural de las especies vegetales.
Respecto de la yerba mate bajo cobertura forestal, sostiene que la preparación del terreno y el manejo de la vegetación pueden modificar la estructura del bosque y reducir su biodiversidad si no existen límites y controles adecuados.
Para la organización, estos cambios podrían generar procesos progresivos de degradación que no necesariamente resultan visibles en el corto plazo.
La acción judicial sostiene que la habilitación de nuevas modalidades de explotación productiva en áreas protegidas podría representar un retroceso respecto de los niveles de conservación alcanzados.
En ese sentido, la Fundación invoca el principio de no regresión ambiental, que plantea que los estándares de protección existentes no deben reducirse de manera injustificada.
También cuestiona los cambios relacionados con el ordenamiento territorial y los mecanismos administrativos de autorización de actividades.
Además, la entidad manifestó que impulsa una medida cautelar para impedir que las disposiciones cuestionadas produzcan daños ambientales mientras el STJ analiza la constitucionalidad de la norma.
Hasta tanto exista una resolución judicial, el planteo representa la posición de la Fundación y no implica que la ley haya sido declarada inconstitucional.
Misiones conserva aproximadamente 1,6 millones de hectáreas de bosques nativos, según los datos citados por la organización.
Dentro de esa superficie, cerca de 900.000 hectáreas corresponden a la categoría II, identificada con el color amarillo, y unas 478.000 hectáreas a la categoría III, identificada con el color verde.
Desde el Centro de Conservación de Fauna Silvestre OHANA, la Fundación remarcó que la protección de los bosques resulta fundamental para preservar los hábitats de especies como el yaguareté, el tapir, los pecaríes y distintas variedades de aves, reptiles y anfibios.
La entidad sostiene que la degradación y fragmentación de los ambientes naturales pueden reducir las áreas de refugio y alimentación de la fauna, aumentar sus desplazamientos y agravar los conflictos con las actividades humanas.
En ese marco, la Fundación Dante Piesco convocó a organizaciones ambientales, instituciones científicas, profesionales y ciudadanos a participar del debate sobre el futuro de los bosques nativos de Misiones.
La controversia plantea el desafío de compatibilizar las actividades productivas con la conservación de la Selva Paranaense, mientras la Justicia deberá analizar los cuestionamientos constitucionales presentados contra la nueva legislación.
