En una entrevista brindada a Eldópolis Radio 106.3, el abogado penalista Adolfo Fernández Wiedmann confirmó la radicación de una denuncia penal por vaciamiento de la Empresa de Transporte de Colectivos Eldorado (ETCE). La presentación fue realizada por representantes de Kenia S.A., actuales responsables de la firma, y está dirigida contra Rodolfo y Germán Tiemesmann, junto a tres integrantes de la familia Arenhardt, anteriores socios empresariales.

El abogado Adolfo Fernández Wiedmann confirmó que en mayo de este año 2025 se presentó una denuncia penal contra los expropietarios de las empresas de transporte ETCE y Transporte El Once (TEO). La acusación refiere a maniobras de vaciamiento realizadas antes de la venta de ambas firmas al grupo empresario de Kenia S.A.

Según explicó el letrado, si bien las negociaciones comenzaron incluso antes, fue en abril de 2023 cuando Kenia SA realizó una oferta formal para adquirir las empresas, tomando como referencia los balances presentados por ETCE y TEO al 31 de diciembre de 2022. En ese momento, las empresas informaban contar con bienes registrables —colectivos—, inmuebles y cuentas bancarias. Para avanzar con la compra, se contrató al contador Raúl Karabén, de la ciudad de Posadas, quien realizó una auditoría sobre esa base contable.

La compra se concretó en mayo de 2023. No obstante, durante ese mismo período, el contador advirtió lo que calificó como un “vaciamiento empresarial”, es decir, la venta de activos a familiares de los expropietarios por valores irrisorios y sin ingreso efectivo de fondos a la empresa. Un caso destacado es la venta de un lote de 50 por 200 metros sobre avenida San Martín —con dos locales comerciales— por solo 400 mil pesos, el mismo monto que cobró el escribano por sus honorarios. También desaparecieron colectivos, algunos con irregularidades entre los números de motor y chasis, que impiden su uso como transporte público.

El abogado explicó que, al momento de la compra, ETCE se encontraba inhibida judicialmente, en concurso de acreedores, y bajo la figura de un síndico, cuyo rol era preservar el capital de la empresa. Sin embargo, las maniobras de vaciamiento se habrían realizado sin su autorización, lo que agravaría aún más la situación legal de los denunciados. La empresa tenía deudas con AFIP, proveedores de combustible, fábricas de repuestos y concesiones de terminales, entre otros.

“El estado en el que se encontraba la empresa lo levanta recién la familia Horianski en julio o agosto de 2023”, explicó Fernández Wiedmann. “Hasta ese momento estaba quebrada. Todas las transferencias de bienes se hicieron sin intervención del síndico judicial, lo que constituye un hecho gravísimo”, agregó.

La denuncia penal fue presentada en el juzgado de Eldorado. Fernández Wiedmann confirmó que Kenia SA, a través de Horanski, se constituyó como querellante y ya se procedió a citar a los denunciados.

"La carátula de la causa es una estafa por desbaratamiento de derechos acordados", explicó Fernández Wiedmann durante el programa, y detalló que “ya se encuentran notificados los denunciados, cada uno con su representante legal”.

Además, el abogado señaló que la investigación podría derivar en un delito más grave: “si se logra probar la existencia de una organización con roles definidos, no se descarta avanzar en una acusación por asociación ilícita”. En ese marco, aclaró que en las próximas semanas se convocará a un testigo central que habría presenciado órdenes de transferencia de bienes que dejaron a la empresa “con la menor cantidad de activos posibles”.

La denuncia, radicada en el Juzgado de Instrucción N.º 7 de Posadas, busca el resarcimiento económico. "Se licuó una empresa para transferirla sin bienes", sentenció Fernández Wiedmann, y anticipó que seguirán citando testigos, entre ellos empleados con más de una década en la firma, para reconstruir los hechos.