Misiones figura entre las provincias con menor porcentaje de alumnos de tercer grado que poseen un teléfono celular propio. Así lo revela el informe “Celulares: ¿prohibir o no prohibir?”, elaborado por Argentinos por la Educación, que indica que el 40% de los niños misioneros de ocho años cuenta con un dispositivo personal, una cifra considerablemente inferior al promedio nacional, que alcanza el 59%.
El trabajo, elaborado por Andrea Goldin (Conicet y Universidad Torcuato Di Tella), Martín Nistal y Tomás Besada, toma como base los datos del operativo Aprender 2024 y analiza tanto el acceso de los estudiantes a los teléfonos móviles como las políticas que regulan su utilización en las escuelas argentinas y de otros países.
Misiones, entre las provincias con menor acceso
Según el relevamiento, el 59% de los estudiantes argentinos de tercer grado tiene un celular propio, mientras que otro 23% utiliza el dispositivo de algún integrante de su familia. Apenas el 18% de los niños de esa edad no tiene acceso a un teléfono móvil.
Las diferencias entre provincias son marcadas. Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego encabezan el ranking con más del 65% de los alumnos que poseen un celular propio.
En el extremo opuesto aparecen Misiones y Formosa, donde solo cuatro de cada diez estudiantes de tercer grado cuentan con un dispositivo personal.
Crecen las regulaciones, pero no hay consenso sobre sus efectos
El informe señala que el uso de celulares en las escuelas se convirtió en uno de los principales debates educativos de los últimos años, impulsado por la preocupación sobre su impacto en la atención, el aprendizaje, la convivencia y la salud mental de los estudiantes.
Sin embargo, la revisión de investigaciones internacionales muestra resultados diversos. Algunos estudios registran mejoras en el rendimiento académico, especialmente entre alumnos con menor desempeño o pertenecientes a sectores vulnerables. Otros trabajos, en cambio, no detectan cambios significativos aun cuando las restricciones son estrictas.
Los investigadores destacan que el consenso existente es que las prohibiciones reducen el uso del celular y las distracciones dentro del aula, aunque eso no siempre se traduce en mejores resultados de aprendizaje.
En cuanto a la convivencia escolar, la evidencia también es dispar: algunas investigaciones muestran una disminución de situaciones de acoso escolar, mientras que otras no encuentran diferencias relevantes.
Cada vez más países limitan el uso de celulares en las aulas
El estudio indica que las restricciones al uso de teléfonos móviles crecieron de manera sostenida a nivel internacional. De acuerdo con datos de la Unesco, la proporción de países que implementó algún tipo de regulación pasó de menos del 25% en 2023 a cerca del 60% en 2026.
Las modalidades son variadas. Francia, Países Bajos y Chile aplican prohibiciones generales en las escuelas, mientras que Brasil, Finlandia y Dinamarca permiten el uso únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente.
En otros casos, como el Reino Unido, son las propias instituciones educativas las que establecen sus normas internas.
- La situación en Argentina
En el país todavía no existe una normativa nacional que regule el uso de celulares en las escuelas.
Actualmente, 11 provincias cuentan con leyes, resoluciones o protocolos específicos, mientras que el resto aún no definió un marco regulatorio.
Entre las jurisdicciones que avanzaron con restricciones figuran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa, que limitan ampliamente el uso en los niveles inicial y primario.
La provincia de Buenos Aires restringe los celulares únicamente en la secundaria, mientras que Mendoza autoriza su utilización exclusivamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente. Otras provincias, como Salta y Tucumán, permiten que cada institución adapte las normas según su contexto.
Especialistas: el debate va más allá de prohibir
La investigadora del Conicet y coautora del informe, Andrea Goldin, sostuvo que la evidencia científica aún no permite afirmar que las prohibiciones modifiquen de manera significativa los hábitos digitales de los estudiantes.
A su criterio, el desafío consiste en repensar el rol de la escuela frente a las nuevas tecnologías y promover un uso con objetivos pedagógicos claros.
Por su parte, el investigador de la Universidad de San Andrés Alejandro Artopoulos consideró que el debate debe enmarcarse dentro de una problemática más amplia vinculada a la salud mental y al uso de redes sociales, y planteó la necesidad de desarrollar políticas públicas que diferencien entre el uso educativo de la tecnología y la adicción digital.
En la misma línea, Lucía Fainboim, especialista en educación y bienestar digital, expresó su preocupación por la naturalización del acceso temprano a teléfonos móviles y advirtió sobre el impacto que pueden tener las plataformas digitales en el desarrollo infantil.
Finalmente, la experta en tecnología educativa Melina Masnatta señaló que la discusión no debería centrarse únicamente en prohibir o permitir los celulares, sino en cómo integrarlos con criterios pedagógicos que favorezcan la convivencia y los aprendizajes.
