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Socios del Centro de Compras de Eldorado, conocido popularmente como el Paseo de Compras del kilómetro 9, reclaman que la comisión directiva regularice su situación administrativa, presente los balances pendientes y garantice el cumplimiento del estatuto.
Según denunció públicamente Nelsi Villalba, integrante de la asociación, la actual conducción lleva alrededor de diez años sin renovar sus autoridades mediante elecciones.
En diálogo con Eldópolis Radio 106.3, Nelsi explicó que el reclamo surgió ante la falta de información sobre el manejo de la asociación y el incumplimiento de los procedimientos establecidos para convocar asambleas. “Nosotros queremos saber qué se está pagando, qué no se está pagando y si estamos debiendo a la dueña del lugar, queremos información”, sostuvo.
La integrante señaló que los socios comenzaron a presentar notas desde junio para solicitar una asamblea extraordinaria y acceder a información sobre la situación administrativa y económica de la entidad.
Sin embargo, aseguró que sus pedidos no fueron atendidos como esperaban.
Uno de los principales puntos del reclamo es la falta de presentación de balances ante Personería Jurídica de Misiones.
Villalba afirmó que la asociación acumula ocho balances pendientes y que esa situación generó multas.
Según relató, desde la comisión se habría argumentado que las demoras se debieron a la pandemia y a problemas con documentación de la gestión anterior.
No obstante, indicó que, al consultar a Personería Jurídica, los socios recibieron otra explicación. “Por más que te hayas atrasado, no hay forma de cómo atrasarse ocho años”, expresó.
También cuestionó la asamblea extraordinaria realizada el domingo 25 de octubre, al considerar que no se respetaron los plazos previstos en el estatuto.
De acuerdo con su relato, la normativa establece que los socios deben recibir con 15 días de anticipación la información y la documentación que se tratará en la reunión. “Nosotros lo que menos queremos es quedarnos en el lugar de ellos; que sigan en su comisión, pero que hagan las cosas bien”, remarcó.
Villalba afirmó que un grupo de socios presentó una impugnación ante Personería Jurídica por presuntos incumplimientos del estatuto.
Además, aseguró que durante la asamblea no les permitieron firmar el libro de actas para dejar constancia de esa presentación.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con los gastos administrativos que, según explicó, se cobran a los socios.
Villalba indicó que los puestos abonan actualmente $88.000 por mes en concepto de alquiler, de acuerdo con el contrato mencionado durante la entrevista, además de afrontar otros gastos vinculados con la limpieza, la vigilancia y el consumo de electricidad.
Aclaró que el reclamo no está dirigido contra la propietaria del predio, sino hacia el funcionamiento interno de la asociación y la falta de información sobre el destino de los fondos. “Queremos claridad, exigimos como socios”, afirmó.
En ese sentido, contó que, al intentar conocer la situación contable de la entidad, se comunicaron con una profesional que anteriormente habría trabajado como contadora de la asociación.
Según su testimonio, la mujer les manifestó que ya no prestaba esos servicios y que le adeudaban honorarios.
También relató que consultaron a un abogado al que la comisión identificaba como representante de la asociación, pero que, según Villalba, les respondió que no era el abogado de la entidad.
La integrante sostuvo que estas situaciones incrementaron las dudas de los socios sobre la administración y reforzaron el pedido de acceso a la documentación.
Al reclamo administrativo se suma la preocupación por las condiciones edilicias del Centro de Compras.
Villalba describió problemas de mantenimiento e inundaciones durante los días de lluvia y señaló que las mejoras realizadas por cada comerciante en su propio puesto no resuelven las deficiencias generales del establecimiento. “No es solo que cada uno arregle su local, es un establecimiento completo, no podemos estar por partes”, manifestó.
La entrevistada también expresó su preocupación por las consecuencias que el conflicto podría generar entre los trabajadores.
Según indicó, algunos socios recibieron mensajes que vinculaban los reclamos con posibles aumentos de costos y el riesgo de perder sus puestos de trabajo.
Frente a esa situación, insistió en que el objetivo no es desplazar a la actual comisión ni perjudicar la actividad comercial.
Villalba afirmó que son 107 los socios que integran la asociación y que detrás de cada puesto hay familias que dependen de esa actividad económica.
Por eso, pidió que se atiendan los planteos y se avance en una solución que permita normalizar el funcionamiento institucional.
Durante la entrevista, señaló que en la asamblea les habrían informado que existen tres balances aprobados, una situación que, según dijo, desconocían.
Por ese motivo, insistió en la necesidad de que se brinde información completa y documentada a los integrantes de la entidad. “Ojalá que Personería Jurídica nos escuche y nos tenga en cuenta”, expresó.
Finalmente, reiteró que la intención de los socios es continuar trabajando en el lugar, pero con reglas claras, información sobre la administración y el cumplimiento de sus derechos. “Queremos nuestro lugar de trabajo, pero queremos estar bien, como corresponde”, concluyó.
