El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto para derogar totalmente la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N.º 27.642, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, una normativa sancionada años atrás con amplio respaldo parlamentario y que obliga a incluir octógonos negros de advertencia en alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías.
La iniciativa, impulsada por la gestión de Javier Milei, ya comenzó a generar cautela dentro de sectores dialoguistas del Senado, donde varios legisladores adelantaron que no existe apuro para avanzar con el tratamiento del proyecto y reclamaron argumentos técnicos y estudios que respalden la decisión oficial de eliminar completamente la ley.
Desde bloques aliados al oficialismo reconocieron que aún no ven evidencia suficiente en los fundamentos presentados por el Ejecutivo y remarcaron que existen otros temas legislativos considerados prioritarios. Además, señalaron que gran parte de la sociedad ya incorporó el sistema de octógonos en el consumo cotidiano y que, si bien la norma puede requerir modificaciones, consideran excesiva una derogación total.
El proyecto lleva las firmas del presidente Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones.
- Argumentos del Gobierno Nacional
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que el actual sistema de etiquetado presenta limitaciones para diferenciar productos con perfiles nutricionales distintos dentro de una misma categoría alimentaria. Según el Ejecutivo, el esquema vigente funciona de manera “binaria” y no refleja mejoras parciales en la composición de los alimentos, lo que —afirman— reduce los incentivos para que las empresas reformulen productos.
Además, la administración libertaria cuestionó las restricciones vinculadas a publicidad, comunicación comercial y uso de elementos gráficos en los envases, al considerar que afectan actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria.
En ese sentido, el Gobierno argumentó que cualquier regulación debe respetar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, evaluando alternativas “menos restrictivas” que permitan alcanzar objetivos de salud pública sin afectar el funcionamiento de las empresas ni el desarrollo comercial.
Otro de los puntos planteados por la Casa Rosada apunta al impacto económico sobre las pequeñas y medianas empresas. Según el Ejecutivo, las exigencias vinculadas al rediseño de envases, adaptación de líneas de producción y adecuación técnica generan costos elevados, especialmente para PyMES con menor capacidad financiera.
El texto también advierte que estas regulaciones podrían favorecer procesos de concentración económica, beneficiando a grandes empresas con mayor capacidad para absorber costos regulatorios.
Finalmente, el Gobierno afirmó que la derogación busca reducir “sobrecostos e ineficiencias” en la producción, comercialización y empaquetado de alimentos, promoviendo un entorno “más competitivo, innovador y armonizable regionalmente”, sin dejar de lado —según indicaron— los objetivos de salud pública y protección al consumidor.
Mientras se aguarda el giro formal del proyecto a comisiones, el debate ya comenzó a instalarse en el Senado y promete abrir una nueva discusión entre salud pública, regulación estatal e intereses económicos.
