Ordenanza aprobada en Eldorado traería complicaciones en su aplicación y genera conflictos políticos

Una ordenanza aprobada recientemente por el Concejo Deliberante de Eldorado y promulgada por el Ejecutivo municipal generó controversia . El eje del conflicto gira en torno a la creación de las líneas 9 y 10, establecidas sin haberse realizado el proceso de licitación pública previsto por la normativa vigente, como también la creación de “transporte escolar exclusivos” fuera de los términos del Boleto Estudiantil Gratuito (BEEG).

La ordenanza N.º 126/95, aún en vigor, establece en su artículo 14 que el otorgamiento de nuevas concesiones de transporte debe realizarse mediante licitación pública, definiendo itinerarios, horarios, frecuencias y distancias. La nueva normativa, sin embargo, introdujo modificaciones y derogaciones que generan contradicciones legales e incertidumbre operativa.

Además, no hubo un proceso de consulta previa a la empresa prestataria del servicio para la evaluación de la factibilidad de los nuevos recorridos. Entre las críticas, también se incluyó la incorporación de un anexo escolar que crea un sistema de transporte exclusivo para estudiantes por fuera del régimen del Boleto Estudiantil Gratuito, que es parte del servicio regular y cuenta con financiamiento provincial.

Otro punto señalado fue que parte del contenido del anexo incluye un texto “copiado y pegado” de archivos internos de programación de la empresa, específicamente vinculados a la asignación de choferes, sobre los cuales el Concejo Deliberante no tiene injerencia.

Concejales responden: ¿Votaron mal? ¿No leyeron? ¿Fueron mal asesorados?

Desde el Concejo Deliberante, el presidente del cuerpo, Leonardo “Leo” Frey, explicó que “se aprobaron ordenanzas para regular recorridos que no estaban formalizados por ordenanza, pero sí se prestaban por uso y costumbre. Es una forma de complementar el sistema para que el vecino tenga una mejor frecuencia y horarios”. Aunque reconoció no haber reparado en todos los detalles técnicos, indicó: “Si hay algo que corregir, se verá con los asesores o incluso en la Justicia. Si salió mal, se rectifica y se vuelve a hacer”.

El edil Fernando Montiel defendió la aprobación de la ordenanza: “El asesor comentó que era viable. Nosotros entendíamos que había una cuestión de jurisprudencia en cuanto a usos y costumbres. Este fue un proyecto que buscaba regular recorridos que ya se cumplían, no es que se creó algo nuevo que no existía”.

Montiel remarcó que si la empresa considera que la ordenanza es inaplicable, “tiene los medios judiciales para resolverlo”.

Por su parte, el concejal Mauricio Acevedo Leal explicó que el Ejecutivo “quería tener la herramienta legal para poder actuar en caso de ser necesario” y que el objetivo fue siempre buscar soluciones. “El proyecto vino del Ejecutivo con participación del área legal. Nosotros hicimos algunas modificaciones leves y lo trabajamos en conjunto con los asesores. Para mí, cuando se habla de otorgamiento de nuevas concesiones, se refiere a la empresa que presta el servicio”, opinó.

El concejal Sebastián Tiozzo defendió el proceso y aseguró que hubo trabajo previo sobre varias de las líneas aprobadas: “Lo leímos, lo preparamos. El día anterior ya estaban todas las propuestas. Yo lo mencioné en la sesión: todo el proyecto es larguísimo, claramente no se trabajó de un día para otro. Hay líneas que venimos trabajando desde hace meses, incluso desde el año pasado. No es que se empezó de un día a la noche”.

El edil Jorge Darío “Pio” Doldán anticipó, antes del inicio de la sesión, que el objetivo era “tratar exclusivamente las frecuencias pendientes, los circuitos pendientes" y manifestó su satisfacción por la convocatoria "Estoy contento porque es un trabajo que se viene dando desde el año pasado y más vale tarde que nunca que se pueda dar esta sesión y que se pueda tratar estos circuitos que son tan importantes para los vecinos".

Tiozzo explicó además que “la propuesta vino del municipio”, pero subrayó que el trabajo legal fue realizado por el equipo del Concejo: “Tenemos un asesor legal del Concejo Deliberante que revisa todo el trabajo jurídico. Todo pasa por el asesor, que nos dice si es factible o no, y de qué forma. Así evitamos caer en violaciones a la Carta Orgánica u otras ordenanzas”.

Para finalizar, aseguró que “Con esta ordenanza vamos a poder hacer un control por un mejor servicio. ¿Por qué no hacerlo, si las cuestiones legales ya están vistas y resueltas? La demostración de que votamos bien será que ahora el municipio tiene la herramienta para controlar”.

• Un concejal hizo silencio

Ante la situación planteada, el concejal de la UCR Daniel González, no prestó declaraciones pese a la insistencia en llamados por parte de Eldópolis, el silencio en momentos cruciales en la ciudad de Eldorado no es una buena señal ni mucho menos aporta soluciones por parte tienen la responsabilidad de traer soluciones concretas y no lo hacen.

Una concejal no acompañó la propuesta

Por su parte, la concejal María Cristina Bandera, quien votó en contra de la ordenanza, expresó fuertes críticas al proceso con el que se aprobó la normativa. “Yo no acompañé la ordenanza. En política, a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Yo tenía obviamente una postura. El viernes pasado salen y aprueban una banda de líneas sin consultarle a nadie. Levantan la mano porque les pidieron, y así no funcionan las cosas. El Legislativo no es una escribanía del Ejecutivo”, sentenció.

Además, cuestionó la judicialización del proyecto promulgado, como lo planteó su par Frey: “El servicio público no puede judicializarse. Nosotros, desde la política, tenemos que sentarnos, hablar, arreglar y acordar. Estoy convencida de que todavía hay posibilidades de acuerdo y de que Pipo necesita nuestro apoyo político para resolver estos conflictos.Si él me lo pide y si yo puedo colaborar para que eso pase”

Bandera también reveló que “El Ejecutivo municipal no llevó la ordenanza hecha al Concejo, llevaron la idea, y el Concejo lo armó. Pipo no armó eso. Este proyecto no lo firmó el Ejecutivo, lo firmó el Dr. Germán Chemes”.

Finalmente, como presidenta del bloque Renovador, Bandera adelantó que buscará reabrir el diálogo político para encontrar una salida al conflicto: “Voy a convocar al intendente y a la viceintendente, para sentarnos a charlar”.

Una visión desde el Ejecutivo

Por otra parte, el secretario de Hacienda, Marcelo Mikulán, señaló que no tenía información precisa sobre los cuestionamientos a la ordenanza: “No estoy al tanto de la situación o del conflicto. Estuve en el Concejo en una reunión comentando las visitas que hicimos con el intendente a fábricas de colectivos en Buenos Aires, ya que seguimos analizando cuestiones vinculadas al tema del pliego”.

Mikulán indicó que no recibió comentarios directos sobre objeciones por parte de los concejales: “Al menos en el día de ayer -martes 5 de agosto- no me comentaron ningún inconveniente respecto a esa ordenanza aprobada. Seguramente la gente de Asesoría Jurídica va a estar analizando si esto es así”

• Inaplicable

Desde la empresa advierten que la implementación de esta ordenanza resulta inviable, ya que las nuevas líneas deben someterse al proceso licitatorio correspondiente. Advirtieron además que, de mantenerse esta situación, podría producirse un vacío legal en la regulación del sistema de transporte urbano local. A pesar de ello, afirmaron que seguirán cumpliendo con la mayor cantidad de recorridos posibles, incluso aquellos que aún no cuentan con ordenanzas específicas que los respalden.