Un fuerte rechazo en organizaciones sociales, profesionales y familias generó la inclusión del artículo 39 en el proyecto de Presupuesto 2027 elevado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso. La iniciativa propone reformar el artículo 7° bis de la Ley 24.901 para eliminar el sistema de valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, lo que terminará con el piso arancelario unificado que hasta hoy obligaba por igual al Estado nacional, obras sociales, prepagas, PAMI e Incluir Salud.
La modificación establece que la "universalidad" de las prestaciones ya no implicará "la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones", limitándose a garantizar un piso prestacional formal. De aprobarse, los aranceles de servicios esenciales —tales como transporte especial, acompañamiento terapéutico, centros de día, apoyo escolar y rehabilitación— pasarán a negociarse de manera individualizada entre cada financiador y los prestadores.
Únicamente cuando el obligado directo sea el Estado nacional, las tarifas serán determinadas de forma trimestral por la Secretaría Nacional de Discapacidad o, en su defecto, por el Ministerio de Salud en base al IPC.
Los riesgos de la desregulación: asimetría y pérdida de calidad
El articulado reproduce un planteo que el oficialismo ya había intentado incorporar en la fallida "Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez". Desde el sector prestacional advierten que desregular el nomenclador someterá a los profesionales y centros de atención a una relación de fuerza asimétrica, donde las empresas de medicina prepaga y obras sociales impondrán valores a la baja.
Especialistas recalcan que la precarización arancelaria impactará directamente sobre los tratamientos de personas con discapacidad, donde los insumos, prótesis y terapias no admiten sustitutos genéricos. Desde el colectivo Discapacidad en Alerta Máxima cuestionaron la medida en términos de equidad: "Desregular el nomenclador significa convertir derechos fundamentales en mercancías; quien tenga dinero accederá a tratamientos, y quien no lo tenga quedará excluido".
Por qué el impacto será más crítico en Misiones
El escenario plantea un agravamiento particular para la provincia de Misiones y la región del NEA por dos factores estructurales:
Falta de adicional por zona: A diferencia de la Patagonia, que percibe históricamente un 20% extra sobre el arancel básico para compensar costos operativos, el Nordeste argentino nunca contó con ese reconocimiento tarifario, debiendo absorber mayores gastos logísticos y de traslado.
Menor densidad de especialistas: Al no existir un piso obligatorio, los honorarios ofrecidos por debajo de los costos podrían derivar en el cierre de servicios o la renuncia de prestadores privados.
Esta eventual merma en la oferta privada terminará trasladando la demanda hacia los hospitales y centros del sistema de salud pública provincial, en un contexto fiscal condicionado por la caída de la recaudación derivada de la recesión y la baja de la actividad interna.
Un golpe sobre un sistema desfinanciado
La reforma presupuestaria impacta sobre un sector que arrastra una crisis prolongada. Actualmente, las obras sociales mantienen demoras en los pagos que superan los 180 días, sumado a que el nomenclador nacional acumuló casi dos años de congelamiento antes de las actualizaciones parciales otorgadas entre 2025 y 2026, las cuales no lograron recomponer el atraso inflacionario.
De avanzar el articulado en el Parlamento, se eliminará la única herramienta federal que fijaba igualdad de condiciones básicas para la atención de personas con discapacidad en todo el territorio nacional.
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