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La Fundación Dante Piesco, responsable del Centro de Rescate OHANA, denunció públicamente al Juzgado de Instrucción N.º 1 de Eldorado por haber rechazado su pedido para constituirse como querellante en una causa que investiga presunto tráfico de fauna silvestre. La ONG sostiene que la decisión judicial se produjo luego de advertir supuestas irregularidades durante un procedimiento policial, entre ellas la desaparición de un ejemplar de tortuga protegida.
La causa, identificada bajo el expediente N.º 13933/2026, investiga la presunta comercialización ilegal de tortugas terrestres y loros en un local denominado “Agro Oeste”. Según detalló la Fundación, el pasado 13 de mayo realizaron una simulación de compra para constatar la presencia de fauna silvestre ofrecida ilegalmente a la venta.
De acuerdo a la denuncia, durante esa verificación previa se detectaron ejemplares de las especies Chelonoidis carbonaria y Chelonoidis chilensis, situación que habría quedado registrada mediante material audiovisual aportado posteriormente al expediente.
Sin embargo, desde la organización aseguraron que durante el procedimiento llevado adelante por efectivos policiales se habría producido una alteración de la evidencia viva bajo custodia oficial. Según afirmaron, un ejemplar de Chelonoidis carbonaria desapareció y posteriormente fue reemplazado por otro de Chelonoidis chilensis.
La Fundación sostiene que el hecho reviste gravedad institucional debido a que la Chelonoidis carbonaria se encuentra protegida por normativa nacional e internacional y suele estar vinculada a circuitos de tráfico ilegal de fauna.
En paralelo, cuestionaron la decisión judicial que rechazó su incorporación como querellante en la causa. Según señalaron, el Juzgado fundamentó la negativa en cuestiones formales relacionadas con la acreditación de un supuesto “título de propiedad” sobre los animales silvestres.
La abogada de la Fundación, Micaela Mariel Pereira, calificó la resolución como “carente de fundamentos jurídicos” y sostuvo que existe una “grave colisión de competencias” entre las esferas administrativas y penales que, según afirmó, termina favoreciendo la pérdida de pruebas y demorando medidas judiciales urgentes.
Asimismo, indicó que ya fue presentado un recurso de apelación solicitando la nulidad de la resolución judicial y respaldando el planteo en jurisprudencia de la Corte Suprema vinculada a la protección de fauna silvestre y legitimación de organizaciones ambientalistas.
Hasta el momento, no trascendió una respuesta oficial del Juzgado interviniente ni de la fuerza policial mencionada en la denuncia.
