La primera de las leyes sancionadas establece un marco específico para la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos, con el objetivo de regular su identificación, registro y circulación en la vía pública, y fijar obligaciones para sus tenedores, en resguardo de la integridad de las personas y de otros animales.
La norma define como perros potencialmente peligrosos a aquellos que, por sus características físicas o morfológicas, antecedentes de comportamiento agresivo verificados o condiciones de manejo y crianza, tengan capacidad de causar lesiones graves o la muerte. También prevé que esa condición pueda determinarse por informe veterinario incorporado al sistema o por acto administrativo de la autoridad de aplicación, cuando existan denuncias fundadas, actuaciones policiales o informes técnicos que acrediten la peligrosidad del animal.
Entre sus disposiciones, la ley crea el Registro Provincial Digital de Perros Potencialmente Peligrosos, de acceso público y gestión digital, e impone la identificación obligatoria de los animales mediante microchip subcutáneo u otra tecnología equivalente, además de collar o pretal con placa visible. Los tenedores responsables deberán inscribir a los animales alcanzados por la norma, mantener actualizados sus datos e informar cambios de tenencia, extravío, sustracción o fallecimiento.
La regulación fija además condiciones para la circulación en la vía pública y espacios de acceso público: los perros deberán llevar bozal adecuado, correa no extensible y ser conducidos por personas mayores de edad con capacidad física suficiente para controlarlos. También se prohíbe que menores de 18 años los conduzcan solos, que una misma persona lleve simultáneamente más de un perro de estas características —salvo paseadores habilitados en las condiciones previstas— y que el animal permanezca sin sujeción en espacios comunes o públicos.
La ley dispone además que el tenedor responsable garantice estructuras de contención adecuadas en el domicilio para impedir escapes o contactos no controlados con terceros, y establece como requisito la contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra eventuales daños a personas, animales o bienes.
La iniciativa sancionada reúne aportes de distintos proyectos presentados por legisladores en ejercicio y con mandato cumplido. Entre ellos, los expedientes de la diputada Heidy Schierse y del diputado Waldovino Lemes, además de propuestas impulsadas por los exdiputados Juan Ramírez, Horacio Loreiro, Héctor Pereyra Pigerl y Santiago Mansilla.
Schierse planteó que la regulación busca garantizar la preservación de la vida y la integridad física de personas y animales, y sostuvo que la responsabilidad sobre una mascota constituye un compromiso de largo plazo que requiere medidas concretas de prevención.
Lemes, por su parte, puso el acento en las obligaciones de los tutores o guardadores, tanto para asegurar el bienestar integral del animal como para prevenir daños a terceros, y señaló la necesidad de alcanzar un equilibrio entre la protección de los animales y el deber del Estado de resguardar la seguridad de la comunidad.
En la sesión, la diputada Arabela Soler, como miembro informante, agregó: “La iniciativa incorpora una mirada preventiva y educativa mediante programas de capacitación sobre tenencia responsable, manejo seguro y prevención de situaciones de riesgo. No buscamos actuar después del problema, sino antes, promoviendo buenas prácticas”.
- Ley de educación financiera
En la misma sesión, la Cámara sancionó además una modificación de la ley vigente de Educación Financiera, con el propósito de ampliar su alcance en el sistema educativo provincial e incorporar contenidos vinculados con ciudadanía digital, bancarización, prevención de fraudes y uso seguro de herramientas tecnológicas.
La reforma transforma el actual programa en el Programa Provincial de Educación Financiera para la Autonomía y Ciudadanía Digital, orientado a brindar a estudiantes herramientas de formación económica, financiera y tecnológica que favorezcan decisiones informadas, responsables y autónomas en la vida cotidiana.
Entre los principales cambios, la norma incorpora la educación financiera como eje transversal y obligatorio en todos los niveles y modalidades de los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de la provincia. Además, suma la ciudadanía digital como parte del enfoque formativo, entendida como el ejercicio responsable, crítico y seguro de derechos y deberes en entornos digitales, especialmente en relación con operaciones económicas, protección de datos, identidad digital y prevención de fraudes.
La actualización redefine también los contenidos mínimos del programa. A los ejes ya vinculados con el ahorro, la planificación y la administración del dinero, se agregan temas como presupuesto personal y familiar, bancarización, medios de pago, tarjetas de débito y crédito, transferencias, billeteras virtuales y pagos con código QR.
Otro de los aspectos centrales de la ley es la incorporación de contenidos orientados a la prevención de estafas digitales, la protección de datos personales y el cuidado de la identidad digital, en línea con los cambios que atraviesan hoy la vida cotidiana de estudiantes, familias y usuarios de servicios financieros.
La norma establece además que la implementación del programa deberá realizarse prioritariamente a través de espacios curriculares afines ya existentes, como Economía, Matemática y Formación Ética y Ciudadana, y mediante recursos pedagógicos digitales alojados en plataformas provinciales, aplicaciones, redes sociales, chatbot y tecnología QR.
La reforma incorpora, además, herramientas concretas para ampliar el acceso a la formación. Entre ellas, prevé el desarrollo de cursos digitales sobre uso de instrumentos financieros, home banking, billeteras virtuales y préstamos bancarios y digitales; la implementación de distintas modalidades de cursado, como MOOCs, bootcamps, tutorías y mentoring; la colocación de señalética con códigos QR en organismos públicos para facilitar el acceso a los contenidos; y el desarrollo de una aplicación móvil y de un chatbot con inteligencia artificial orientado a la educación financiera.
La iniciativa sancionada reúne aportes de distintos proyectos legislativos y peticiones parlamentarias. Entre ellos, los expedientes presentados por las diputadas Sara Butvilofsky, Analía Labandoczka y Nelli Guerrero; por el exlegislador Paulino Mela y la exdiputada Lilia Torres; y por el Parlamento de la Mujer, a través de las peticiones parlamentarias correspondientes a las ediciones 2024 y 2026.
En los fundamentos de las iniciativas que confluyeron en la reforma, las autoras pusieron el foco en la necesidad de actualizar la educación financiera a las transformaciones del entorno económico y digital.
Butvilofsky planteó que el programa apunta a ofrecer una capacitación integral en educación financiera y lo vinculó con las políticas públicas orientadas a fortalecer el emprendedurismo y la economía de los misioneros.
Por su parte, Labandoczka sostuvo que uno de los objetivos principales es incorporar herramientas de protección frente a fraudes y publicidades engañosas en un contexto de crecimiento de las transacciones digitales, así como de promover inclusión financiera, resguardo del consumidor, formación ciudadana y desarrollo económico provincial.
En la misma línea, Guerrero fundamentó su propuesta en una realidad que atraviesa la vida cotidiana de los jóvenes: el uso de billeteras virtuales, transferencias, pagos con código QR, créditos, suscripciones digitales y contrataciones en línea, junto con la exposición permanente a riesgos de fraude o manipulación en entornos virtuales.
En la sesión, como miembro informante, la diputada Paula Franco manifestó: “La educación financiera y la ciudadanía digital van de la mano. Hoy es fundamental que los estudiantes aprendan a prevenir estafas, proteger sus datos personales y utilizar de forma segura las herramientas digitales”.
