La inspección realizada por la Policía Federal Argentina en el Zoo-Bal-Park de Montecarlo abrió un nuevo capítulo en torno a la situación del establecimiento.
Esta vez, la defensa de la familia propietaria salió a aclarar las características del procedimiento y a exponer los cambios que lleva adelante para adecuar el predio a las exigencias ambientales de Misiones.
En diálogo con Eldópolis Radio 106.3, el abogado Lucas Vega sostuvo que no se trató de un allanamiento, sino de una inspección ocular realizada en el marco de una investigación preliminar. “Nosotros tuvimos acceso, por supuesto, porque nos han dejado la copia, y se trata de una inspección en el Zoo-Bal-Park”, afirmó.
Según relató, integrantes del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal se presentaron en el establecimiento y fueron recibidos por sus propietarios. “Ellos de muy buena voluntad les permitieron acceder al establecimiento, donde hicieron un relevamiento para individualizar la totalidad de ejemplares, verificar la documentación de origen, revelar los registros de altas y bajas y constatar el estado sanitario de los ejemplares”, detalló.
El abogado hizo hincapié en la diferencia entre una inspección y un allanamiento, y cuestionó que el procedimiento haya sido presentado públicamente bajo esta última denominación. “Una inspección de esta índole, a diferencia de un allanamiento, es que el allanamiento es una medida coercitiva extrema, que permite ingresar a la fuerza en un establecimiento.
En cambio, una mera inspección no tiene ese grado de violencia, si querés, o de coercitividad”, sostuvo.
En ese sentido, adelantó que buscaría comunicarse con el área de prensa de la Policía Federal para solicitar una aclaración. “Me voy a comunicar con el área de prensa de la Policía Federal, para pedirles que me aclaren a mí como abogado, o que se retracten de cómo están comunicando.
Esto fue una mera inspección, eso es lo que quería resaltar”, expresó.
LA FAMILIA TRABAJA PARA RECONVERTIR EL PREDIO EN UN ECOPARQUE.
Durante la entrevista, Vega también se refirió a la situación administrativa del establecimiento y a los cambios que la familia comenzó a realizar para adecuarse a las exigencias ambientales de Misiones.
El abogado confirmó que, junto con su socio, el doctor Juan José Reyes, representa legalmente a la familia en tres expedientes.
Uno de ellos se tramita ante el Ministerio de Ecología, donde presentaron recursos administrativos y esperan una respuesta sobre la habilitación o los requisitos que deben cumplir. “Actualmente, la normativa ambiental, principalmente en Misiones, que es una provincia que se caracteriza por un celo tanto por su fauna como por su flora, tiene un estándar muy alto, por lo cual ya no se puede explotar un lugar como zoológico.
Eso es una verdad que hay que aclararle también a los oyentes”, afirmó.
En ese contexto, explicó que la familia comprendió que debe modificar el funcionamiento del establecimiento y que ya comenzó a trabajar en la infraestructura del predio. “La familia Kruse lo ha internalizado, lo ha entendido, y empezó a trabajar desde que el Ministerio de Ecología se lo solicitó, en la modificación de la infraestructura del predio, de modo tal de ajustarse a la normativa ambiental”, señaló.
El objetivo, según detalló, es que el lugar deje de funcionar bajo la figura de zoológico y avance hacia un modelo de ecoparque, con una distribución diferente de los recintos y la reubicación de algunos ejemplares. “Hay una división de los recintos, va a haber una disposición diferente, hay animales que van a ser reubicados en los establecimientos”, explicó Vega, quien remarcó que la familia está dispuesta a cumplir con las indicaciones del Ministerio de Ecología.
Otro de los aspectos que planteó el representante legal fue la situación económica que atraviesa la familia mientras realiza las modificaciones en el predio y sostiene a los animales. “Hace seis meses no están trabajando, no están teniendo ingresos.
Son muchos los animales que hay que sostener, se están manteniendo con donaciones, con dinero de sus ahorros, con algo de ayuda del municipio de Montecarlo”, manifestó.
Sobre la cantidad de ejemplares que permanecen en el lugar, precisó que actualmente rondan los 400, aunque algunos fueron reubicados durante las últimas semanas. “Actualmente rondan los 400, un poco menos porque se estuvo relocalizando algunos, pero algunos son de granja y la otra mitad sí son silvestres”, aclaró.
Vega también defendió la tarea que, según su versión, realizó la familia durante años al recibir animales heridos o abandonados y brindarles asistencia. “Hay una realidad también en la provincia, que no hay los suficientes establecimientos para contener a los animales que tienen una lesión o han sido abandonados, y ellos han acogido a los animales, los han criado, les han supervisado su crecimiento, les han asistido con médicos veterinarios”, expresó.
En esa línea, destacó que la familia está afrontando los costos de las modificaciones necesarias para adecuar el establecimiento.
También mencionó la colaboración del municipio de Montecarlo y del Ministerio de Ecología para avanzar con los requisitos correspondientes.
CUESTIONÓ A ALGUNAS AGRUPACIONES PROTECCIONISTAS.
El abogado también se refirió a la participación de agrupaciones proteccionistas en los expedientes vinculados con el establecimiento.
Si bien reconoció el derecho de la ciudadanía a organizarse para defender a los animales, cuestionó algunas actuaciones y la difusión de información que consideró incompleta o incorrecta. “Yo no tengo ningún problema con que se agrupen personas que quieran reclamar por el buen trato de los animales, eso está claro, ha reconocido la Constitución Nacional y la legislación provincial, es súper exigente”, expresó.
Sin embargo, agregó: “Hemos notado cierta mala fe procesal en los distintos expedientes que nos estamos encontrando con este tipo de agrupaciones del otro lado, que evidentemente quieren mostrar su trabajo en redes sociales y muchas veces han compartido información errónea, han compartido información sesgada”.
También sostuvo que, según su interpretación, en algunos expedientes no se realizaron las notificaciones correspondientes para que la familia pudiera ejercer su derecho de defensa. “Felicito a aquellos que quieran agruparse y defender y cuidar a los animales, pero me parece que tienen que hacer eso bajo la responsabilidad de informar bien a los medios de comunicación y de ejercer sus derechos conforme al código de procedimiento y la buena fe procesal”, concluyó.
Vega insistió en que la familia está trabajando para adecuar el establecimiento a la normativa ambiental vigente y reiteró que el procedimiento de la Policía Federal debe ser considerado una inspección ocular, de acuerdo con el acta que, según indicó, tuvo a disposición.

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