El Gobierno nacional oficializó la intervención del Puerto de Ushuaia por el plazo de un año, tras detectar irregularidades en el uso de fondos, deficiencias en la infraestructura y falencias en los sistemas de seguridad, según se desprende de una inspección realizada entre septiembre y octubre del año pasado.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, y cuenta con la aprobación del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Miguel Arreseygor. A partir del viernes, el Estado nacional asumirá la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto, con la posibilidad de prorrogar la intervención una vez vencido el plazo establecido.
Desde el organismo aclararon que la intervención alcanza exclusivamente a la infraestructura portuaria de explotación, maquinaria, equipamientos, instalaciones y a todo lo vinculado con la operación portuaria dentro de la jurisdicción terrestre, los espejos de agua y los espacios acuáticos lindantes.
La decisión se tomó luego de una denuncia presentada por sectores sindicales vinculados a la actividad portuaria de Tierra del Fuego, quienes manifestaron su preocupación por la Ley Provincial N.º 1596, que creó la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). Según advirtieron, la norma preveía financiar el nuevo sistema de salud con el superávit del puerto, lo que podría afectar su autonomía financiera y su normal funcionamiento.
La inspección posterior confirmó un deterioro estructural del muelle, deficiencias en el mantenimiento general, fallas en los protocolos de seguridad y carencias en materia de tecnología y gestión ambiental. Además, se detectó un bajo nivel de inversión en infraestructura, que representaba apenas el 1,3% del total de los fondos disponibles, mientras que la mayor parte se destinaba a gastos de personal y préstamos.
Otro de los puntos críticos fue la ausencia de protocolos formales para la operación simultánea de carga y pasajeros, así como la falta de auditorías y estándares mínimos en tecnología y seguridad de la información.
Ante este escenario, la ANPYN dispuso que la Gerencia de Coordinación Técnica asuma el rol de Unidad Ejecutora de la intervención, quedando facultada para dictar las normativas necesarias para garantizar la continuidad y seguridad de los servicios portuarios, además de elevar informes periódicos a la autoridad nacional.
La resolución también habilita a solicitar colaboración técnica y administrativa a la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP S.A.U.). No obstante, se aclaró que la intervención no implica transferencia de personal ni modificaciones en las relaciones laborales vigentes, garantizando la continuidad operativa del puerto.
Finalmente, se dispuso la notificación a los organismos involucrados, entre ellos la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la Prefectura Naval Argentina, el Gobierno de Tierra del Fuego y la Dirección Provincial de Puertos, así como a las prestadoras de servicios públicos, para asegurar el normal funcionamiento durante el período de intervención.
