La comisario mayor Sandra Ozuna, directora de Cibercrimen de la Policía de Misiones, destacó la necesidad de reforzar el rol de las familias y la prevención frente a los hechos de violencia digital que involucran a estudiantes, en el marco de la presentación del “Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación ante Riesgos y Violencias Digitales”, impulsado por el Gobierno provincial.
La funcionaria remarcó que la responsabilidad principal recae en los adultos responsables de los menores. “Los padres somos, y me incluyo, somos los principales responsables de los actos de nuestros hijos. Somos responsables de las conductas, de los actos y ni hablar si nuestro hijo o hija llega a tener en su poder un arma de fuego o un arma blanca”, afirmó.
El protocolo fue presentado en un contexto reciente de preocupación por amenazas difundidas en entornos digitales que involucraron a varias escuelas y colegios secundarios de la provincia. En ese sentido, Ozuna explicó que el trabajo conjunto entre distintas instituciones busca anticiparse a estos hechos. “Apunta a la prevención, básicamente, y en algunos casos ya se trabajó en intervenciones concretas donde se procedió a la identificación de menores que estaban generando este tipo de violencia digital”, señaló.
La directora de Cibercrimen advirtió que este tipo de situaciones no deben minimizarse ni tomarse como bromas. "No es un juego, no es un chiste y genera una alarma social que es un delito. Estamos ante un delito”, subrayó.
Además, explicó que las amenazas o mensajes que circulan en redes sociales pueden derivar en investigaciones judiciales y medidas concretas. “En principio es preventivo y, obviamente, se abre una línea de investigación, como fue el caso de Puerto Rico, como fue el caso de otras localidades, incluso Posadas”, detalló.
En relación con el rol de las familias en el uso de la tecnología, Ozuna insistió en la necesidad de acompañar y supervisar a los menores. “Los padres, como primeros responsables de sus hijos, deben tener acceso, deben tener un contralor de los dispositivos. No digo que lo estén registrando a rajatabla, pero mínimamente tienen que hablar con sus hijos”, indicó.
Asimismo, señaló que los establecimientos educativos contarán con herramientas concretas para actuar ante distintos niveles de riesgo. “Los directivos van a tener herramientas, un compendio de herramientas, de actas, de procedimientos para poder conducirse ante determinadas situaciones”, explicó.
La funcionaria también destacó que el protocolo establece distintos niveles de intervención según la gravedad del hecho. “Un nivel bajo es algo que se puede manejar dentro del aula o del establecimiento educativo; un nivel medio ya requiere la intervención de directivos y gabinetes interdisciplinarios, y un nivel alto toma intervención tanto la Policía como el Poder Judicial”, precisó.
La iniciativa surge de un trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, la Justicia y el área de Cibercrimen de la Policía de Misiones, con el objetivo de fortalecer la seguridad en el ámbito educativo y mejorar la capacidad de respuesta frente a problemáticas como amenazas en redes sociales, grooming, sexting, bullying y otras formas de violencia digital que afectan a estudiantes y comunidades escolares.
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