La tensión por los presos políticos en Venezuela continúa en las calles de Caracas. A primera hora de la mañana del sábado último, familiares de detenidos comenzaron una huelga de hambre frente a la cárcel conocida como Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde permanecen recluidos sus parientes.
La medida replica la decisión tomada el día anterior por los propios presos dentro del edificio. Según los manifestantes, la protesta busca presionar al Gobierno para que cumpla las promesas de liberación realizadas por autoridades parlamentarias en el marco del debate de la ley de amnistía general.
Sentados sobre colchonetas, cubiertos del sol con paraguas y acompañados por carteles improvisados, los familiares aseguraron que la última vez que ingirieron alimentos fue durante la madrugada. La consigna escrita en uno de los carteles resume el reclamo: “Familiares en huelga de hambre”.
Horas antes del inicio de la protesta, el presidente de la Asamblea Nacional, el dirigente chavista Jorge Rodríguez, había anunciado la liberación de 17 detenidos alojados en ese comando policial. Entre ellos se encuentran referentes sindicales como José Elías Torres (secretario general de la principal central obrera del país) y William Lizardo, vinculado al sector de la construcción.
También recuperaron la libertad dos jóvenes con trastorno del espectro autista, Gabriel Sánchez y Gilmary Alcalá, además de la madre de esta última, Zulma Lasala.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos remarcaron que la medida no alcanza para desactivar el conflicto. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos sostuvo que los liberados forman parte de un grupo mayor a medio centenar de detenidos en el lugar y que la protesta continuará hasta que todos recuperen la libertad.
La huelga se produce tras reiterados anuncios oficiales que aún no se concretaron. El pasado 6 de febrero, Rodríguez había asegurado que todos los presos serían liberados el mismo día en que se aprobara la ley de amnistía. La votación estaba prevista para esta semana, pero el Parlamento —controlado por el chavismo— pospuso el tratamiento final por desacuerdos internos sobre un artículo que obliga a los beneficiados a presentarse ante la Justicia.
El aplazamiento reavivó la desconfianza entre los familiares y detonó la protesta tanto dentro como fuera del penal.
El proyecto de amnistía se inscribe en lo que el oficialismo denomina un “nuevo momento político”, anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El proceso comenzó el 8 de enero con una serie de liberaciones progresivas, pocos días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en una operación militar realizada en Caracas.
