Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con un superávit operativo de USD 112,7 millones, casi el doble del resultado obtenido el año anterior, cuando había alcanzado los USD 56,6 millones. De este modo, la empresa estatal encadenó su segundo saldo positivo consecutivo tras 16 años de déficit.
Con una facturación que superó los USD 2.200 millones, en la línea aérea destacan que es la primera vez, desde su reestatización en 2008, que no se requirieron transferencias del Tesoro.
En 2024, en cambio, se habían solicitado alrededor de USD 60 millones para afrontar los dos planes de retiros voluntarios que abrió la compañía, en el marco de los ajustes por parte de la nueva gestión. Por lo pronto, el directorio ya informó al Palacio de Hacienda que en 2026 tampoco habrá pedidos de recursos.
Cabe recordar que entre 2008 y 2023, la firma registró un rojo operativo promedio de USD 400 millones anuales a nivel EBIT y demandó al Estado más de 8.000 millones de dólares.
Por otra parte, el informe detalla que la aerolínea de bandera voló la misma cantidad de horas que en 2024, con un factor de ocupación del 83% sobre un promedio de 300 vuelos diarios, en los que viajaron 35.016 pasajeros por día. El total de personas transportadas durante 2025 ascendió a 12.781.016.
“La confiabilidad de la operación se reflejó en un factor de cumplimiento del 99,4%, lo que se tradujo en una valoración positiva de la calidad y confiabilidad del servicio por parte de los clientes, reflejado en un NPS (Net Promoter Score) de 55 puntos”, subrayó el comunicado oficial.
En otro orden, precisaron que Aerolíneas disminuyó su deuda bancaria y financiera en un 41% -de 341,9 a 207,4 millones de dólares entre diciembre de 2023 e igual mes de 2025- “como parte de una política sostenida de saneamiento de sus cuentas”.
A partir de estas y otras medidas para bajar costos, según resaltaron desde la empresa, se logró anunciar la incorporación de 18 aviones a la flota. El proceso, para el cual ya se convocaron oferentes, prevé sumar cuatro Airbus A330neo, ocho Boeing 737 MAX 10, cuatro Boeing 737 MAX 9 y dos Boeing 737 MAX 8.
Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, sostuvo que “este resultado afianza la dirección que adoptamos durante los últimos dos años, en los que pusimos el foco en la reducción de costos y en la maximización de la rentabilidad. Aerolíneas Argentinas demostró que puede competir en igualdad de condiciones con otras compañías de la industria, reafirmando su compromiso indeclinable con la seguridad operacional y la calidad de su servicio”.
Los recortes más notorios se hicieron en 2024, cuando se definió cancelar rutas no rentables, reducir un 13% la nómina de empleados y eliminar 85 cargos jerárquicos, incluyendo 8 direcciones, 20 gerencias y otras 57 posiciones de diversas categorías.
Aclararon que el resultado de 2025 se encuentra en etapa de auditoría por parte de la consultora KPMG, que ya había certificado los estados contables de 2024. El trámite concluirá con la aprobación del balance por parte del Directorio hacia mediados de año.
Mientras tanto, en Casa Rosada aspiran a incluir a la aerolínea en la lista de empresas a privatizar de la Ley Bases 2, luego de haber quedado afuera en la primera por falta de apoyo en el Congreso. “Hay varios interesados en comprarla y más ahora que es superavitaria”, dicen en los pasillos oficiales.
Los motivos del Ejecutivo para no dejarla en manos estatales, pese a su buen funcionamiento, responden al “miedo de que asuma otro partido y vuelva a generar pérdidas”, erosionando las arcas estatales. Con un respaldo legislativo más sólido que en diciembre de 2023, el Gobierno espera ahora la luz verde para avanzar con su privatización.
Vale mencionar también que el presidente Javier Milei había confirmado, a principios de febrero, que la deuda con organismos multilaterales se cancelará “con liquidación de activos del Estado”. De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los vencimientos de este año en ese sentido suman unos USD 4.279 millones, a lo que se añaden USD 4.437 millones correspondientes a la deuda con el FMI.
Dicha política ya comenzó: previo al pago de USD 4.200 millones a los bonistas en enero, el Palacio de Hacienda se aseguró USD 700 millones con la privatización de las represas del Comahue.
