El Gobierno de Javier Milei declaró persona no grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de Irán en Argentina, y le ordenó abandonar el país en un plazo máximo de 48 horas, en una decisión comunicada por el canciller Pablo Quirno en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
La medida se produce luego de que Argentina incorporara a la Guardia Revolucionaria Islámica al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), lo que implica su declaración como organización terrorista, el congelamiento de bienes y la prohibición de operar en el sistema financiero nacional.
Soltani Tehrani, quien se desempeñaba como principal representante iraní desde diciembre de 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández, deberá dejar el país en medio de un contexto de creciente tensión geopolítica y endurecimiento de la postura argentina frente a Irán.
Desde el régimen iraní rechazaron la decisión y la calificaron como un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”. A través de su embajada en Uruguay, señalaron que la medida “parece haberse tomado bajo la influencia del régimen ocupante y genocida sionista y de Estados Unidos”, y afirmaron que tanto Milei como Quirno “quedaron del lado equivocado de la historia”.
Según el comunicado oficial argentino, investigaciones judiciales y de inteligencia determinaron que los atentados cometidos en el país fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria. En ese marco, también se mencionó a Ahmad Vahidi, acusado por el atentado a la AMIA en 1994 y recientemente designado comandante en jefe de esa fuerza.
La decisión establece además que cualquier actividad vinculada a la Guardia Revolucionaria deberá ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), reforzando los mecanismos de control y seguimiento sobre personas y entidades relacionadas.
Desde Cancillería indicaron que la expulsión del diplomático representa un fuerte impacto en las relaciones bilaterales, aunque aclararon que no afecta al resto del personal de la embajada ni a los canales diplomáticos habituales. El Gobierno sostuvo que la medida busca proteger la seguridad nacional, garantizar el cumplimiento de la ley y reforzar la posición argentina en foros internacionales frente al terrorismo.
