La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la condena que obligaba a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF y ordenó que el expediente vuelva a primera instancia para un nuevo fallo.
La decisión, adoptada por mayoría (dos votos contra uno), dejó sin efecto la sentencia previa dictada por la jueza Loretta Preska. En un documento de 56 páginas, el tribunal sostuvo que la legislación argentina debe prevalecer sobre los estatutos de la compañía en este caso.
Según el fallo, las demandas por incumplimiento contractual presentadas por accionistas “no son reconocibles según la ley argentina” y carecen de sustento jurídico. En esa línea, los jueces argumentaron que los estatutos de una sociedad anónima no constituyen contratos bilaterales exigibles entre el Estado y accionistas privados.
La Cámara fundamentó su resolución en dos ejes: por un lado, que los estatutos de YPF no generaron obligaciones contractuales de la República hacia terceros; y por otro, que, aun en caso de existir un contrato, los reclamos por daños quedan limitados por el derecho público argentino en materia de expropiaciones.
No obstante, el tribunal reconoció el planteo de los demandantes al señalar que la Argentina pudo haber formulado “promesas excepcionalmente claras” en los estatutos, aunque consideró que ello no alcanza para configurar un incumplimiento indemnizable en este marco.
El fallo incluyó la disidencia del juez José Cabranes, quien sostuvo que los estatutos debían interpretarse como contratos entre accionistas y que la falta de una oferta pública tras la expropiación generó un daño resarcible.
- Contexto y estrategia
El caso tuvo un fuerte componente diplomático y jurídico. Según fuentes oficiales, el respaldo del gobierno de Estados Unidos resultó relevante durante el proceso. En febrero, la administración estadounidense presentó un escrito ante el tribunal advirtiendo sobre los riesgos de sancionar a un Estado soberano en tribunales locales.
Además, participaron en la estrategia el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y funcionarios del Tesoro. El subprocurador Juan Stampalija destacó que estos apoyos ayudaron a fortalecer la posición argentina frente a un historial de litigios internacionales.
Por su parte, el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de accionistas para litigar, expresó su desacuerdo con la resolución y evalúa recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
- Reacción del Gobierno
Tras conocerse el fallo, el presidente Javier Milei celebró la decisión y cuestionó a quienes impulsaron la expropiación de YPF.
El mandatario apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof por intentar adjudicarse el resultado. “Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este logro”, afirmó.
Asimismo, advirtió sobre el impacto que hubiera tenido una sentencia adversa: “Nos podría haber costado mucho más de lo que el país está en condiciones de pagar y dejarnos sin YPF y con un Estado fundido”, sostuvo.
